El comercio ilegal de drogas está ofreciendo trabajo a personas que se han visto golpeadas por las crisis, al tiempo que también se espera un aumento del consumo como resultado de la recesión económica.
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Así lo advirtió la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC). Tan solo en Afganistán, el principal productor de opio a nivel mundial, la cosecha que comenzó en marzo se vio lastrada inicialmente dado que los trabajadores no podían llegar desde Pakistán por el cierre de fronteras.
Sin embargo, afganos que habían perdido su empleo por la Covid-19, y en particular mujeres, han llenado este vacío, ha indicado el organismo con sede en Viena durante la presentación de su informe anual.
En el caso de Bolivia, la pandemia también ha afectado a la capacidad del Gobierno de combatir el cultivo de coca. En este sentido, la UNODC ha advertido de que "la creciente crisis económica podría llevar a más agricultores a aumentar o adoptar el cultivo de coca en todos los principales países productores de cocaína" de América Latina.
Por otra parte, el organismo ha llamado la atención sobre el hecho de que las restricciones al transporte han dificultado seriamente el tráfico mundial de drogas, creando crecientes reservas que podrían llevar eventualmente a inundar peligrosamente los mercados.
Así, el levantamiento de las restricciones podría tener como resultado "un aumento de la disponibilidad de drogas a bajo coste y de alta pureza y podría llevar a un aumento en el riesgo de sobredosis", ha prevenido la UNODC.
En base a las experiencias de la crisis económica mundial de 2008, el organismo pronostica que el actual declive provocará un aumento en el consumo de drogas y un giro hacia sustancias más baratas.
En Europa, ya hay signos de que las medidas de confinamiento aumentaron la demanda de cannabis, según el informe, que señala a las grandes incautaciones de esta sustancia que se han realizado en Oriente Próximo y en el norte de África.
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269 MILLONES DE CONSUMIDORES MUNDIALES
"Los grupos vulnerables y marginados, jóvenes, mujeres y pobres pagan el precio del problema mundial de las drogas", ha defendido la directora ejecutiva de UNODC, Ghada Waly, en un comunicado con motivo de la publicación del Informe Mundial de Drogas, según el cual unos 269 millones de personas en todo el mundo consumieron drogas en 2018, un 30 por ciento más que en 2009, mientras que más de 35 millones sufrieron desórdenes debido al consumo de estupefacientes.
Waly ha subrayado que "la crisis de la recesión económica amenazan con aumentar aún más los peligros de las drogas, cuando nuestros sistemas de salud y sociales han sido puestos al límite y nuestras sociedades se esfuerzan por salir adelante".
Por ello, ha sostenido que "necesitamos que todos los gobiernos muestren mayor solidaridad y ofrezcan apoyo, principalmente a los países en desarrollo, para atajar el tráfico ilegal de drogas y ofrecer servicios basados en evidencias para los desórdenes y las enfermedades relacionadas con el consumo, para que podamos lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, promover la justicia y no dejar a nadie atrás".
Debido a la pandemia, según la UNODC, los traficantes podrían encontrar nuevas rutas y métodos y las actividades de tráfico a través de la 'darknet' y los envíos por correo podrían aumentar, pese a que la cadena mundial de suministro postal se ha visto interrumpida.
BÚSQUEDA DE OTRAS SUSTANCIAS
Además, la Covid-19 también ha provocado una falta de opioides, lo cual tiene como resultado que la gente busque otras sustancias más fácilmente disponibles como el alcohol, las benzodiazepinas o la mezcla con drogas sintéticas. Así pues, podrían surgir pautas más dañinas de consumo, ya que algunos consumidores podrían pasarse a inyectarse o a hacerlo con más frecuencia.
Por otra parte, el informe de la UNODC llama la atención sobre el hecho de que si los gobiernos reaccionan de la misma manera que lo hicieron durante la crisis de 2008, cuando redujeron los presupuestos relacionados con los temas de drogas, entonces intervenciones como la prevención del consumo de estupefacientes y las conductas de riesgo relacionadas con ello, los servicios de tratamiento antidroga y otras medidas relacionadas podrían verse seriamente golpeados.
Además, las operaciones de interceptación y de cooperación internacional podrían convertirse en menos prioritarias para los gobiernos, lo que facilitaría a los traficantes sus operaciones, ha alertado el organismo de la ONU.
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