Ahora además de la falta de seguridad, la venta por 'obligación' de alucinógenos, las fronteras invisibles y los contantes hurtos, se suma otro hecho más. Se trata del pago que muchos de ellos deben hacer para poder llegar hasta sus instituciones educativas.
Entre $1.000 o $1.500 es el costo que cada estudiante debe entregar a personas que 'no conocen'.
Por todo esto, los estudiantes, padres de familias y directivos están angustiados.
En el barrio Puertas del Sol, por ejemplo, hay denuncias que indican sobre las líneas invisibles que hoy deben enfrentar los estudiantes.
A lo que se suma además que al parecer en el sector "hay un toque de queda interno, silencioso en la zona y no se puede salir después de las 6:30 p. m.”.
Según un informe del concejal Roberto Ortiz, 20 de 91 instituciones educativas se encuentran en medio de entornos violentos.
Esto representa una seria amenaza para miles de niños, niñas y adolescentes que asisten a las aulas.
En tres colegios del oriente de Cali como Monseñor Arcila del barrio Marroquín (1000 alumnos), Isaías Duarte Cancino del barrio Mojica (1200 estudiantes) y Hernando Navia Varón en la Nueva Floresta (1500 alumnos), la situación es más crítica.
En total 3.700 alumnos están expuestos a diversos riesgos.
Entre los barrios que más representan un riesgo están El Retiro, Laureano Gómez, Manuela Beltrán, Las Orquídeas, Alfonso Bonilla Aragón y Mariano Ramos.
Tras una reunión realizada en la institución educativa Nuevo Latir, sede Isaías Duarte Cancino, autoridades y miembros del centro educativo discutieron las problemáticas de violencia que han afectado a la comunidad estudiantil.
“Esta mesa de trabajo es un compromiso para que salvemos vidas y le arrebatemos más jóvenes a las bandas criminales. No podemos permitir que dejen de ir a estudiar por la inseguridad”, señaló el representante Hernando González.
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Para el representante estudiantil Johan Ortíz existe una gran necesidad de que haya un acompañamiento a la salud mental de los jóvenes que viven entornos tan difíciles,
"Los cuales no desean regresar a su hogar luego de terminar su jornada escolar y es ahí donde caen en la delincuencia y pierden las esperanzas de una vida diferente”, contó el líder estudiantil.
Un operativo fue realizado por la Policía Metropolitana de Cali debido a las denuncias presentadas por algunos docentes de las IE del oriente.
Allí ejecutaron una toma alterna y realizaron actividades de registro y control en el entorno de cinco instituciones educativas.
“Estamos recibiendo información importante para poder continuar con las investigaciones", detalló la Teniente Adriana Corrales, jefe de Infancia y Adolescencia.
Quien agregó que junto a la Policía Judicial se realizaron 11 allanamientos en Ciudad Córdoba y en la Unión de Vivienda Popular.
"Allí se capturaron 10 personas que presuntamente instrumentalizaban a niños y adolescentes en los entornos educativos para la venta de estupefacientes. Los operativos se intensificarán”, puntualizó.
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