La Defensoría de Pueblo lanzó un llamado a las entidades nacionales y departamentales para que tomen acciones inmediatas por la situación de confinamiento que enfrentan 5000 habitantes del área urbana de Nóvita, en el departamento del Chocó, debido al paro armado del ELN.
A eso se sumaron 600 personas que hace una semana se vieron obligadas a abandonar sus viviendas debido a enfrentamientos armados entre el ELN y el Clan del Golfo.
A raíz de esta situación, la Defensoría del Pueblo comentó que el paro armado del ELN ha impedido el transporte de caravanas con asistencia humanitaria. Se aclaró también que no hay transporte fluvial ni terrestre.
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Desde la Defensoría del Pueblo se mencionó que "es un llamado urgente para que sean protegidos y garantizados los derechos a la alimentación, al agua potable, a la libre movilidad, a la salud y a la vida de las personas que están en unas condiciones que se están tornando lamentables".
Se agregó que se está trabajando de forma articulada para abrir un corredor humanitario que permita llevar alimentos y ayudas a Nóvita.
"(...) La población civil no puede seguir siendo afectada por el accionar ilegal e indiscriminado. (...) También, llamamos al ELN para que ponga fin al paro decretado hace 8 días, la búsqueda de paz implica no poner en riesgo a la población civil", así concluyó el llamado de la Defensoría del Pueblo.
De igual forma, a través de un comunicado la Defensoría dijo que "es necesario que las entidades actúen de manera rápida y coordinada en beneficio de las aproximadamente 5600 personas que están confinadas en este momento en Nóvita".
La situación se complica aún más debido al colapso de un puente vehicular en el municipio de río Iró hace más de 20 días. La estructura permanece en estado de colapso y hasta ahora no se han iniciado las reparaciones, sin que hasta el momento haya una respuesta por parte de las entidades competentes, advirtió la Defensoría.
Seguidamente, se hizo un llamado al Gobierno nacional y a las fuerzas de seguridad para garantizar la libre movilidad en la región de San Juan, en la zona centro-sur del departamento de Chocó.
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Por último, la Defensoría del Pueblo recordó que los eventos masivos de desplazamiento y confinamiento “van en contra del Derecho Internacional Humanitario y no contribuyen a la construcción de la paz en el país.
En un informe revelado por la Defensoría del Pueblo se dieron a conocer cifras alarmantes sobre los desplazamientos forzados ocurridos en el país durante los primeros cinco meses del presente año. Según el reporte, se contabilizaron 43 desplazamientos entre enero y mayo, afectando a un total de 6.081 familias, lo que representa aproximadamente 15.437 personas.
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El informe resaltó que los departamentos del Pacífico son los más afectados por los eventos masivos de desplazamiento en el territorio nacional. Encabezando la lista se encuentra Nariño con 17 desplazamientos, seguido del Valle del Cauca con diez, Chocó con cuatro y Cauca con tres eventos.
Caquetá, Bolívar, Arauca, Norte de Santander, Vichada, Vaupés, Antioquia, Meta y Córdoba registraron cada uno un evento de desplazamiento.
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