En una carta enviada al fiscal general, Francisco Barbosa, los abogados de Benedetti afirmaron que el ex funcionario no fue notificado oficialmente de su citación por parte de la Fiscalía, sino que se enteró a través de los medios de comunicación.
En la carta, se menciona el vínculo entre la investigación en la que Benedetti está siendo llamado a declarar y otra en la que él mismo es indiciado. Por lo tanto, argumenta que tiene derecho a guardar silencio como medida constitucional. La Fiscalía convocó a Benedetti para que explique algunas afirmaciones suyas que sugieren una presunta financiación ilegal en la campaña política de Gustavo Petro.
En un comunicado de prensa, la Fiscalía informó que un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia se reunió con Benedetti. Quien alegó no poder declarar en ese momento debido a las amenazas que ha recibido en los últimos días. Se espera que Benedetti presente una denuncia por amenazas y solicite protección a la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Policía Nacional.
La diligencia de declaración jurada de Harold Rondón, conductor de la UNP asignado a Laura Sarabia, también fue reprogramada debido a problemas en la notificación. En cuanto a Laura Sarabia, exjefa de Gabinete, ella acudió a la cita el miércoles pasado y reveló detalles sobre el robo en su vivienda. Según ella, se sustrajeron 7.000 dólares y documentos oficiales. Este incidente fue tratado como un asunto de seguridad nacional, lo que llevó al uso del polígrafo para investigar a la niñera Marelbys Meza.
El coronel Carlos Feria, responsable de la seguridad de Petro, y la subintendente Luisa Calle, miembro de seguridad de Sarabia, asistieron a sus respectivas citas. Todo esto en el marco de la investigación sobre el uso del polígrafo. Andrés Alfonso Parra, esposo de Laura Sarabia, se amparó en su derecho a guardar silencio y no acudió a su cita.
Por otro lado, la Fiscalía y Medicina Legal cerraron la investigación sobre la muerte del teniente coronel Óscar Dávila, concluyendo que se trató de un suicidio. En las próximas semanas, se espera que la Fiscalía presente un balance de las investigaciones y determine los posibles indiciados, mientras que en la opinión pública la polémica pierde fuerza.
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