| Foto: ALEXANDRA RUIZ POVEDA
La defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez presentó un recurso de apelación de 904 páginas ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, en el que solicita revocar la condena de 12 años de prisión impuesta por el Juzgado 44 de Conocimiento de Bogotá por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.
Los abogados Jaime Granados y Jaime Lombana calificaron el fallo emitido el pasado 1 de agosto como “equivocado e injusto”, asegurando que durante los cinco meses de juicio se presentaron pruebas y testimonios, incluso de la propia Fiscalía, que según ellos descartarían que Uribe hubiera tenido conocimiento de las supuestas presiones ejercidas por su entonces abogado Diego Cadena sobre el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve.
“La realidad procesal da cuenta de que no se acreditó una supuesta determinación, ni tampoco se demostró la ocurrencia de los hechos. La condena debe ser revocada y la libertad del doctor Álvaro Uribe Vélez debe ser restablecida”, señala el documento.
En la actualidad, el exmandatario cumple detención domiciliaria en Rionegro (Antioquia), medida que también ha impugnado mediante una acción de tutela.
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En la sentencia, la jueza concluyó que Uribe, a través de Cadena y con la colaboración de terceros, buscó presionar a Monsalve condenado por secuestro extorsivo para que se retractara de señalamientos que lo vinculaban con grupos paramilitares.
El fallo cita el llamado “Episodio La Picota”, en el que Cadena y Enrique Pardo Hasche, compañero de patio de Monsalve, habrían insistido en que firmara una retractación, ofreciéndole protección y beneficios. La jueza descartó que se tratara de una coincidencia y describió el operativo como una “coreografía” planificada, en la que participaron activistas y dirigentes cercanos al Centro Democrático.
Monsalve grabó algunos de estos encuentros con relojes con cámara. La defensa alegó que las grabaciones fueron manipuladas y que hubo pérdida de más de siete minutos por una mala cadena de custodia. Sin embargo, la jueza consideró que no se probó la alteración ni la eliminación de apartes, y otorgó valor probatorio a los videos como evidencia indiciaria.
También se rechazó la tesis del “entrampamiento” que, según la defensa, habría sido orquestado por Monsalve y el senador Iván Cepeda. La jueza señaló que las pruebas demuestran que la presión partió de la defensa del expresidente, con el objetivo de afectar el curso de la justicia.
El Tribunal Superior de Bogotá será ahora el encargado de resolver el recurso y decidir si confirma, modifica o revoca la sentencia contra el exmandatario.
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