El grupo empresarial Keralty confirmó que acudirá a instancias nacionales e internacionales tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro en su más reciente discurso televisado.
Redacción El Qhubo/ Periodista Jesús Chacín
La tensión entre el Gobierno colombiano y el sector privado escaló a un nuevo nivel tras el anuncio del Grupo Keralty, que confirmó que emprenderá acciones legales contra el presidente Gustavo Petro y miembros de su Gobierno. La medida responde a las declaraciones hechas por el mandatario durante su alocución presidencial del pasado 15 de julio, en las que calificó al presidente de Keralty, Joseba Grajales, como un “criminal”.
El empresario español, quien dirige uno de los conglomerados más influyentes del sector salud en América Latina, fue mencionado de manera directa por el mandatario, quien señaló: “El dueño de Keralty es un criminal en Colombia y tiene que irse”. Una afirmación que, según el grupo empresarial, constituye una acusación grave y sin sustento legal.
La reacción de Keralty no se hizo esperar. En un comunicado, Grajales expresó que el equipo jurídico del grupo iniciará acciones legales tanto en Colombia como en foros internacionales, y que no se limitarán únicamente al presidente, sino que incluirán a cualquier funcionario o entidad que, a su juicio, haya contribuido a “la difusión de información que afecta la imagen del grupo, sus instituciones o sus integrantes”.
Durante su intervención, Petro también lanzó otras afirmaciones que, aunque no citaron directamente por nombre a Grajales, aludieron a su nacionalidad y lugar de residencia. “Y me toca hablar con el rey de España (…) menos mal me reciben todavía con abrazos y besos. Yo soy republicano”, dijo el mandatario antes de agregar que el empresario “vive es en Madrid o en el País Vasco”.
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Desde la perspectiva del grupo Keralty, estas declaraciones forman parte de lo que consideran una campaña sistemática de desinformación dirigida a deteriorar la imagen pública de sus líderes y a sembrar dudas sobre la legitimidad de su operación. Aseguran que se trata de ataques que no solo afectan a sus directivos, sino que podrían tener un impacto negativo en miles de colaboradores y pacientes que dependen de sus servicios.
El conglomerado, que tiene operaciones en varios países, defendió su historia y trayectoria. Subrayaron que su compromiso con los valores éticos está respaldado por décadas de servicio, y rechazaron lo que califican como “afirmaciones sin fundamentos”.
La soberanía de nuestro país no está en juego.
— Camilo González (@CamiloGHakim_93) July 16, 2025
Los dineros destinados a la salud en Keralty fueron destinados para financiar campañas políticos, clínicas privadas y no eran destinados para la salud de los colombianos.pic.twitter.com/sewct9noW4
En su comunicado, Keralty fue enfático en afirmar que la honestidad no se declara, se demuestra, y que responderán por las vías institucionales correspondientes para proteger la integridad del grupo y de sus integrantes.
El pronunciamiento de Petro generó reacciones encontradas en el ámbito político y empresarial. Mientras algunos sectores lo respaldaron, otros consideran que declaraciones de esta índole comprometen la estabilidad jurídica y empresarial del país, sobre todo en un momento en el que el sistema de salud atraviesa una crisis estructural.
Aunque hasta el momento no ha habido un pronunciamiento oficial por parte del Gobierno frente a la decisión del grupo empresarial, el anuncio de Keralty marca un nuevo episodio en la relación entre el Ejecutivo y actores del sector privado, que ya venía tensándose en el marco del debate sobre la reforma a la salud.
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