Una nueva polémica sacude al sector de las telecomunicaciones en Colombia. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) abrió una investigación formal contra Movistar, tras recibir una serie de denuncias por presuntas irregularidades en el proceso de portabilidad numérica, un derecho que permite a los usuarios cambiar de operador móvil sin perder su número telefónico.
El proceso, regulado por la ley, exige que el operador actual entregue un Número de Identificación Personal (NIP) a los usuarios que desean migrar a otra empresa. Este código es esencial para autorizar el traspaso del número, y su entrega debe realizarse, según norma, en un 95% de los casos en menos de cinco minutos, y nunca superar los diez minutos desde la solicitud.
Sin embargo, según la SIC, Movistar estaría incumpliendo estos plazos, generando demoras que afectan directamente la capacidad de los usuarios para cambiar de operador dentro de los términos legales.
Además, el ente regulador investiga a la compañía por una segunda práctica cuestionable, ofrecer beneficios especiales a los clientes que ya han iniciado la portabilidad hacia otro operador. Este tipo de estrategias, según la normatividad, están prohibidas porque distorsionan la competencia y limitan la libre elección del consumidor.
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Ante la gravedad de las acusaciones, la SIC dictó medidas preventivas mientras avanza la investigación. Movistar deberá garantizar el cumplimiento estricto de los tiempos para la entrega del NIP y abstenerse de enviar mensajes promocionales o comerciales a los usuarios que ya estén en proceso de portación.
En caso de comprobarse las conductas señaladas, la empresa podría enfrentarse a sanciones de hasta 15.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, una cifra que supera los 20.000 millones de pesos colombianos.
Esta no sería la primera sanción contra Movistar por fallas similares. En septiembre de 2024, la empresa fue multada con más de $718 millones de pesos, tras comprobarse la activación de líneas móviles sin la entrega de la SIM y la portación de números sin autorización del usuario.
Según la SIC, en ambos casos se violaron los derechos del consumidor, en especial el de recibir información clara, veraz y suficiente, así como el de elegir libremente su proveedor de servicios.
La resolución que da inicio a esta nueva investigación no admite recursos, por tratarse de un acto de trámite. No obstante, Movistar tendrá un plazo de quince días para presentar pruebas, argumentos y ejercer su derecho a la defensa.
Este nuevo capítulo refuerza el llamado de atención a las empresas de telecomunicaciones para que respeten los derechos de sus usuarios y actúen con transparencia y responsabilidad en sus operaciones. La SIC, por su parte, continúa fortaleciendo la vigilancia sobre el sector, en una apuesta por garantizar una competencia leal y un servicio de calidad para todos los colombianos.
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