| Foto: Montaje Jesús Chacín/El País con fotos de: (Presidencia)
La reforma pensional, aprobada inicialmente por el Congreso, enfrenta un nuevo capítulo de incertidumbre que ha dejado en vilo a cerca de 19 millones de colombianos cotizantes. El debate entre la Corte Constitucional y la Cámara de Representantes se intensificó esta semana, luego de que el alto tribunal señalara que aún no ha recibido las actas formales de las sesiones en las que se repitió la votación del proyecto, exigida por orden judicial.
El conflicto comenzó el 18 de junio, cuando la Corte devolvió el proyecto a la Cámara, ordenando repetir el trámite para garantizar transparencia en el proceso legislativo. Aunque el fallo dejó claro que no buscaba cambiar el contenido de la norma, la exigencia era cumplir con el procedimiento de manera adecuada. Sin embargo, desde entonces persisten dudas sobre si los representantes cumplieron a cabalidad la orden.
Desde la Casa de Nariño, que cuenta con mayorías en la Cámara, se interpretó inicialmente la decisión como un paso favorable para el Gobierno. Según fuentes oficiales, el 28 de junio se habría repetido la votación. No obstante, el presidente de la Corte Constitucional solicitó esta semana una certificación formal de que las actas correspondientes fueron aprobadas, lo que contradice las declaraciones del presidente de la Cámara, quien afirmó que el trámite estaba completo.
La controversia ha generado confusión tanto en el ámbito político como en el económico. Fondos privados y Colpensiones han continuado realizando cuantiosas inversiones para retener afiliados, mientras las empresas dudan si implementar la ley que debía entrar en vigor el 1 de julio. La incertidumbre también preocupa a millones de trabajadores que temen por su derecho a jubilarse bajo las nuevas condiciones establecidas por la reforma.
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El clima de tensión aumentó en agosto, cuando la Casa de Nariño acusó a la Corte de intentar un “golpe de Estado” al frenar la aplicación de la norma. Esta afirmación exacerbó el enfrentamiento entre las ramas del poder público y dejó el panorama aún más enredado.
Este martes, el presidente del alto tribunal dio un plazo de dos días para que la Cámara entregue la información completa. “Mientras no se aporte la información completa, no se podrá garantizar el debate adecuado”, advirtió, dejando claro que sin las actas no habrá luz verde para avanzar.
Entre tanto, el país entero observa con atención el pulso institucional que definirá el destino del sistema pensional y el futuro de millones de trabajadores.
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