La reforma pensional volvió al centro de la controversia, no por su contenido, sino por el pulso que sostienen la Corte Constitucional y Colpensiones. La disputa se originó tras un pronunciamiento del presidente de la Corte, Jorge Enrique Ibáñez Najar, quien cuestionó la calidad de los documentos enviados por la administradora estatal dentro del proceso de recusación al magistrado Héctor Carvajal, excontratista de esa entidad y antiguo abogado del presidente Gustavo Petro.
Según Ibáñez, los archivos remitidos carecían de “autenticidad e integridad”, lo que habría dificultado el análisis de las pruebas. Sin embargo, desde Colpensiones respondieron con firmeza que no existe desacato judicial, pues los informes, contratos y conceptos fueron entregados en los términos dispuestos por el alto tribunal.
A través de un comunicado firmado por Mirtha Patricia Bejarano, jefe de la Oficina de Asuntos Legales, la entidad sostuvo que remitió toda la documentación solicitada por la Corte el pasado 27 de octubre de 2025. En total, se entregaron más de cien folios con los soportes de los contratos 070 de 2024 y 005 de 2025, además de informes de supervisión y respuestas oficiales.
Bejarano aclaró que la providencia judicial no exigía formatos digitales nativos ni certificaciones técnicas, como sugirió luego el magistrado Ibáñez. “Colpensiones actuó en estricto cumplimiento de la orden”, precisó la funcionaria, y reiteró que la entidad no busca dilatar el trámite de la acción pública que analiza la constitucionalidad de la Ley 2381 de 2024, con la que se creó la reforma pensional.
La senadora Paloma Valencia, autora de la demanda, pidió apartar al magistrado Carvajal del debate al considerar que su participación podría comprometer la imparcialidad del fallo. Este trámite mantiene en suspenso la decisión sobre la validez de la norma aprobada por el Congreso.
En paralelo, el magistrado Ibáñez presentó una ponencia que propone declarar inexequible la reforma por presuntos vicios de trámite en la Cámara de Representantes. Según el documento, durante las sesiones extraordinarias de junio pasado, la plenaria se negó a debatir el articulado, limitando la participación de las minorías y reincidiendo en un error que ya había sido advertido por la Corte en el Auto A-841 de 2025.
De confirmarse esta posición en la Sala Plena, la Ley 2381 de 2024 podría ser anulada, lo que significaría el hundimiento definitivo de una de las principales apuestas sociales del Gobierno Petro. Colpensiones, por su parte, insiste en que su gestión busca garantizar una vejez digna para los trabajadores y fortalecer las finanzas públicas.
La Corte Constitucional deberá resolver esta semana dos asuntos clave, la recusación al magistrado Carvajal y la discusión sobre la ponencia de Ibáñez. Ambos puntos determinarán el futuro inmediato de la reforma pensional y marcarán un nuevo capítulo en la relación entre el alto tribunal y el Ejecutivo.
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