En la madrugada de este viernes el Congreso de la República seguía sesionando y con esto aprobó la adición de recursos para el presupuesto de la Nación por un valor de $ 16,9 billones. De esta manera, el presupuesto para este año, que había sido aprobado en noviembre pasado, quedó en $ 405.6 billones.
El Ministerio de Educación fue el que contó con una mayor asignación de recursos, con un total de $ 2.2 billones; seguido de la cartera de Salud y Protección Social, con $ 2.02 billones, y de Hacienda, que recibió $ 1.82 billones.
Las demás asignaciones fueron las siguientes: sector Vivienda, Ciudad y Territorio, $ 1.5 billones; sector Transporte, $ 1.44 billones; Minas y Energía, $ 1.4 billones, y Agricultura y Desarrollo Rural, $ 1.31 billones.
Los tres sectores con las asignaciones más bajas fueron el de Defensa, que recibió $ 940.000 millones más; el del Trabajo, con $ 928.000 millones adicionales, y por último, Inclusión Social, con $ 624.000 millones.
“Cuando se aprobó la reforma tributaria se dijo que el país estaba endeudado, pero al mismo tiempo nos dijeron que se debía hacer una gran inversión social, pero con el tiempo se presentó una billonaria adición”, manifestó Miguel Uribe, senador del Centro Democrático, quien agregó que la mayoría de estos nuevos recursos, el 44 %, solo servirán para funcionamiento, acrecentando las arcas de la burocracia.
De hecho, Uribe Turbay presentó una ponencia alternativa, pero esta fue negada por la plenaria, entre esta por la bancada del Partido Conservador. Efraín Cepeda, presidente de esta colectividad, aseguró que están de acuerdo con la adición, pero que esta debe ser monitoreada por el Gobierno para que cada cartera haga uso de esos recursos.
Al respecto, John Jairo Roldán, senador ponente del proyecto, manifestó que no había ninguna clase de entramado burocrático con la iniciativa, y detalló que “estos son recursos que se deben gastar al 31 de diciembre y el Senado deberá hacer ese control del gasto”.
El proyecto pasó a sanción del presidente de la República para los próximos días. Así como el otro proyecto que aprobó el Congreso sobre la madrugada: la ley de diputados. Karime Cortés, senadora ponente, aseguró que este se tramitó para arreglar un vacío jurídico que había dejado la ley del nuevo régimen departamental. Esto debido a que un decreto indicaba que el número de diputados iba a cambiar, pero realmente debían mantenerse las cantidades que son determinadas por el censo de 1985.
Aun así, se pidió que se adelante un nuevo censo población y que sea un proyecto que lleve la Nación, para que no se siga trabajando con uno tan antiguo, que data del año 1989.
Una nueva crisis interna se produjo en las últimas horas en el Pacto Histórico, la coalición del presidente Gustavo Petro, por discrepancias entre algunos de sus congresistas.
En medio de la sesión plenaria del Senado del pasado martes, el senador Paulino Riascos, que integra la coalición oficialista, afirmó que el presidente del Congreso, Alexander López, no lo dejó ingresar a una reunión en la que analizarían las estrategias frente a dos proyectos clave cuya suerte se definió durante la jornada: el código electoral y el acto legislativo que reglamentaba el consumo de marihuana de uso adulto.
“Señor presidente, usted pidió que le dieran un espacio para que nos reuniéramos con la bancada del Pacto Histórico. Con todo respeto tengo que decirle que hoy se rebosó la copa y esto tiene que saberlo la opinión pública para que después no digan que el malo es Paulino. Esperé que la reunión del Pacto Histórico avanzara, entraron todos a la oficina, entraron todos, y a mí me dejaron afuera y usted cerró la puerta”, señaló Riascos.
Posteriormente, el congresista expresó su molestia con la senadora Isabel Zuleta, colega de bancada, quien, según Riascos, grabó cómo él votó a favor de una proposición con la que se buscaba que la elección de nuevo contralor se lleve a cabo solo hasta cuando la justicia tome la decisión sobre una tutela referente al tema.
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