El ente de control pidió respuestas claras del Ejecutivo frente a presuntas irregularidades en la Unidad para las Víctimas y solicitó garantizar transparencia y continuidad institucional.
Redacción El Qhubo/ Periodista Jhisús Chacín
La Defensoría del Pueblo solicitó al Gobierno nacional responder de manera clara a las denuncias por presuntos hechos de corrupción en la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, así como garantizar estabilidad en la dirección de la entidad y la adecuada implementación de la política pública dirigida a esta población.
El pronunciamiento se dio tras la salida del director general de la Unidad, Adith Romero, quien fue declarado insubsistente, en medio de cuestionamientos relacionados con procesos de contratación y presiones políticas. Para la Defensoría, la situación ocurre en un contexto de inestabilidad que afecta el funcionamiento de una entidad central del Sistema de Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
Alertamos al Gobierno Nacional sobre la inestabilidad que persiste en la dirección de la @UnidadVictimas y en sus dependencias, situación que ha afectado la continuidad institucional y el avance de procesos estructurales de la política pública de víctimas.
— Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) January 26, 2026
El pasado viernes fue… pic.twitter.com/YCKnre9Gww
Según el organismo de control, entre 2022 y 2026 la Presidencia de la República ha designado a cinco directores distintos, entre encargos y nombramientos en propiedad, una rotación que ha impactado la continuidad institucional y el avance de procesos estructurales. Esta situación, advirtió la Defensoría, limita la consolidación de una política pública efectiva para las víctimas del conflicto.
La entidad manifestó preocupación por los hechos que han sido divulgados por distintos medios de comunicación, relacionados con presuntos actos de corrupción. En su comunicado, la Defensoría señaló que estas denuncias, de confirmarse, requieren atención inmediata por parte del Gobierno y la intervención de los organismos de control competentes.
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De manera explícita, el ente defensorial exhortó al Ejecutivo a dar respuesta a los cuestionamientos públicos y a garantizar condiciones de transparencia en la gestión de la Unidad para las Víctimas. Para la Defensoría, la estabilidad y claridad en la coordinación de los procesos a cargo de esta entidad resultan fundamentales para cumplir con los objetivos de atención, asistencia y reparación.
El llamado se produce luego de una investigación periodística que reveló alertas internas sobre un aumento atípico de la contratación en los días previos a la salida del director. De acuerdo con el reporte, en la madrugada posterior a su desvinculación se registraron en el Secop decenas de contratos, incluidos convenios de alto valor y vinculaciones por prestación de servicios.
En #UnMinutoConLasVíctimas te contamos los avances de la @unidadvictimas.
— Unidad para las Víctimas (@UnidadVictimas) January 19, 2026
Más acceso al RUV, respuesta oportuna en el #Catatumbo, reconocimiento al campesinado y articulación con la @JEP_Colombia y la @UBPDcolombia. Con hechos, las víctimas están en el centro. pic.twitter.com/3izck7dqN0
Fuentes internas citadas por el medio señalaron que tanto el volumen como el momento de estas contrataciones resultaron inusuales, especialmente en un escenario previo al inicio de la ley de garantías. Estas alertas generaron inquietud sobre el uso de recursos destinados a la misionalidad de la entidad y, en particular, a la atención de las víctimas.
La investigación también documentó denuncias sobre presuntas presiones políticas para favorecer intereses regionales, así como cuestionamientos sobre el posible desvío de recursos asociados a la reparación integral. Según lo informado, estas alertas fueron puestas en conocimiento de instancias de control, mientras otros medios nacionales e internacionales también han reseñado denuncias similares.
