Rahul Gupta, zar antidrogas de Estados Unidos, enfatizó la importancia de la cooperación histórica entre ambos países para combatir el narcotráfico y la siembra de cultivos ilícitos.
Gupta señaló que se debe prestar mayor atención a la seguridad en las zonas donde se encuentran estos cultivos, ya que descuidar este aspecto dificulta la implementación de alternativas de desarrollo en las regiones afectadas. Además, destacó la necesidad de empoderar a las comunidades con programas como la titulación de tierras y el desarrollo alternativo para alejarlos de los cultivos ilícitos.
En respuesta a esta problemática, el gobierno del presidente Gustavo Petro anunció una nueva estrategia para combatir los cultivos ilícitos. Durante un Consejo de Seguridad realizado en la Casa de Nariño, se revisaron las propuestas de una nueva política de drogas, en la cual se enfocará en proteger la vida de las comunidades afectadas. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, aclaró que no se contempla la legalización de los cultivos de uso ilícito y enfatizó que la prioridad es la protección de la vida y los derechos humanos.
La nueva hoja de ruta de erradicación, que fue modificada en consulta con los Espacios Consultivos Territoriales, busca reconocer la afectación desproporcionada, la persecución y la violencia que han sufrido los campesinos en los territorios. La propuesta se basará en una política de drogas sostenible y amigable con el medio ambiente, centrándose en el combate al tráfico de cocaína y al lavado de activos.
El éxito de esta nueva propuesta radicará en determinar la forma en que se erradicarán los cultivos de hoja de coca, estableciendo un proceso de gradualidad y priorizando aquellos que deben ser erradicados de inmediato. El enfoque del Gobierno está orientado hacia la preservación de la vida y la potencialización de la erradicación de estos cultivos, especialmente en las zonas rurales que se ven más afectadas por esta problemática.
Con estas iniciativas, tanto Estados Unidos como el Gobierno de Gustavo Petro buscan hacer frente a la creciente amenaza de los cultivos ilícitos en Colombia, implementando estrategias que promuevan el desarrollo alternativo y la erradicación de estos cultivos, en un esfuerzo conjunto por combatir el narcotráfico y proteger a las comunidades afectadas.
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