En una movida que ha sacudido al sistema de salud colombiano, el presidente Gustavo Petro y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, firmaron el Decreto 0858 de 2025, que implementa una transformación profunda e inmediata del modelo sanitario en el país, sin que la reforma a la salud haya sido aprobada por el Congreso.
El decreto, publicado en la noche del miércoles 30 de julio, impone un nuevo orden en la prestación de los servicios de salud, basado en la creación de las Redes Integrales e Integradas Territoriales de Salud (Riits). Bajo esta nueva estructura, los prestadores públicos, privados y mixtos deberán actuar de forma coordinada y bajo la dirección del Estado, en un modelo que muchos críticos consideran centralizado y rígido.
Uno de los pilares clave de la norma es la creación de los Centros de Atención Primaria en Salud (Caps), que ahora serán el punto obligatorio de entrada para cualquier usuario del sistema. Inspirados en el modelo que ya había sido rechazado por el Congreso en la primera versión de la reforma a la salud, los Caps tendrán un enfoque territorial y comunitario, brindando servicios de baja y mediana complejidad. El acceso a niveles más avanzados de atención dependerá de una autorización directa del Gobierno, por medio de la Superintendencia Nacional de Salud.
Pero quizás la transformación más disruptiva está en el manejo de los recursos. Las EPS pierden su función tradicional de administrar el dinero del sistema. Ahora, esa tarea será exclusiva de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), lo que significa un cambio estructural en la lógica financiera del sistema de salud colombiano. Las EPS, sin embargo, no desaparecen, mantendrán 24 funciones asignadas, pero casi todas de carácter administrativo, como la gestión del riesgo, la articulación entre niveles de atención y la contratación con hospitales.
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Además, el decreto amplía el rol de las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL), que ahora tendrán un papel más relevante en el primer nivel de atención, especialmente en prevención y manejo del sistema de referencia y contrarreferencia.
Aunque desde el Gobierno se asegura que esta reorganización busca garantizar una atención más equitativa y cercana al territorio, diversos sectores ya han levantado su voz, alertando sobre la legalidad y el alcance de una medida que, en la práctica, pone en marcha la reforma a la salud sin el visto bueno del Legislativo.
Mientras tanto, todos los actores del sistema deberán adaptarse a las nuevas reglas que ya están vigentes. El reloj corre, y el impacto real de esta decisión apenas comienza a evidenciarse.
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