El presidente Gustavo Petro confirmó durante su más reciente consejo de ministros que Colombia fue descertificada en la lucha contra el narcotráfico por el Gobierno de Donald Trump en Estados Unidos. La decisión, que en principio generó dudas por la ausencia del documento oficial, ya fue ratificada como una descertificación condicionada, lo que significa que en un plazo de diez meses la situación podría revisarse si el país demuestra avances concretos.
Como era previsible, el anuncio generó reacciones en distintos sectores políticos y sociales. Una de las voces que más llamó la atención fue la del expresidente Ernesto Samper, quien aseguró que la medida “no es el fin del mundo”. Sus palabras generaron debate, pues la última vez que Colombia fue descertificada en materia de drogas ocurrió precisamente durante su administración en 1996, en medio del conocido proceso 8.000.
En ese momento, la decisión de Estados Unidos se sustentó en que Colombia era considerado el mayor exportador de cocaína y no estaba haciendo lo suficiente para combatir el narcotráfico. La medida coincidió con la investigación judicial que involucró a Samper por los señalamientos de supuesta financiación de su campaña presidencial con dineros de carteles de la droga.
Ahora, ante el nuevo escenario, el exmandatario decidió restarle dramatismo a la situación y subrayó que también puede representar una oportunidad. Según explicó, Colombia puede volver a mostrar los altos costos económicos, sociales e institucionales que ha pagado en la lucha contra las drogas, al tiempo que exige mayor compromiso a los países consumidores, entre ellos Estados Unidos y varias naciones europeas.
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Samper destacó que, mientras ha disminuido el consumo de drogas de origen vegetal, el mundo enfrenta las consecuencias del auge de las sustancias sintéticas, como el fentanilo, que no se producen en Colombia pero sí generan devastadores efectos sociales.
El expresidente calificó la decisión como ilegal, argumentando que ningún país tiene la potestad de imponer sanciones unilaterales a otro fuera del marco de la Organización de las Naciones Unidas. A su juicio, la descertificación es también una medida política, utilizada por Washington para castigar a gobiernos considerados adversarios mientras omite su aplicación en regímenes autoritarios aliados.
Asimismo, Samper la definió como regresiva, pues considera que afectará los programas sociales y humanitarios en Colombia. En su pronunciamiento señaló que la medida coincide con la finalización de los programas de USAID, que impulsaban iniciativas de sustitución social y voluntaria de cultivos ilícitos en manos de campesinos. Para el exmandatario, esa política debería reforzarse en lugar de debilitarse.
La descertificación ocurre en un contexto en el que el país ha reducido en más de un 90 % la erradicación manual de cultivos, mientras que la aspersión aérea con herbicidas está suspendida desde 2015 por orden de la Corte Constitucional. Bajo esos resultados, el Departamento de Estado de EE. UU. concluyó que Colombia “ha fallado de manera demostrable en cumplir con sus obligaciones en materia de control de drogas”.
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