El pasado 11 de marzo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió una acción de cumplimiento presentada por el ciudadano Samuel Alejandro Ortiz Mancipe contra la Presidencia de la República y el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre). La demanda exige que se suspendan las transmisiones en vivo de los consejos de ministros, argumentando que estas violan la Ley 63 de 1923, la cual establece el carácter reservado de dichas sesiones.
Desde el inicio de su mandato, el presidente Gustavo Petro ha implementado la práctica de transmitir en directo las reuniones del gabinete, con el objetivo de promover la transparencia y mantener informada a la ciudadanía sobre las decisiones gubernamentales. Sin embargo, esta iniciativa ha generado controversia en diversos sectores políticos y jurídicos del país.
La Ley 63 de 1923 establece que las deliberaciones del consejo de ministros son de carácter reservado, salvo disposición en contrario. La acción de cumplimiento presentada por Ortiz Mancipe sostiene que la transmisión pública de estas reuniones contraviene dicha normativa, por lo que solicita al tribunal ordenar al Ejecutivo cesar esta práctica.
La admisión de la demanda por parte del tribunal implica que se evaluará si la Presidencia ha incumplido la ley al difundir las sesiones del gabinete. En caso de que el fallo sea favorable al demandante, el Gobierno podría verse obligado a suspender las transmisiones en vivo de los consejos de ministros.
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Este hecho se suma a otros desafíos legales que ha enfrentado la administración Petro en relación con la transparencia y la comunicación de sus actividades.
La práctica de transmitir en vivo las reuniones del gabinete ha sido defendida por el Gobierno como una medida para fortalecer la democracia y la participación ciudadana. No obstante, expertos en derecho constitucional advierten sobre la necesidad de equilibrar la transparencia con el cumplimiento de las normativas vigentes que garantizan la confidencialidad de ciertas deliberaciones gubernamentales.
La decisión final del tribunal podría sentar un precedente sobre los límites de la transparencia en la gestión pública y redefinir la manera en que el Ejecutivo comunica sus decisiones al país. Mientras tanto, la administración Petro deberá preparar su defensa y justificar la legalidad de las transmisiones de los consejos de ministros ante la justicia colombiana.
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