El fenómeno de la trata infantil y la explotación sexual de menores en Bogotá genera creciente preocupación entre las autoridades. Datos recientes del Concejo y la Veeduría Distrital evidencian que cada 30 minutos un menor es reportado como posible víctima de violencia o explotación sexual en la capital. La situación revela la urgencia de fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y atención especializada.
La Veeduría Distrital alertó sobre un aumento sostenido en las denuncias por pornografía infantil y trata de personas, delitos vinculados directamente al uso de plataformas digitales. Entre enero de 2024 y el 23 de abril de 2025, la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog) reportó 453 casos de explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes (Escnna) y trata de personas, mientras que la Fiscalía General de la Nación registró 983 noticias criminales relacionadas. Sin embargo, en el mismo periodo, el ICBF Bogotá inició solo 32 procesos de restablecimiento de derechos por Escnna y uno por trata con fines sexuales, y el Idipron atendió únicamente 26 menores víctimas.
La disparidad entre denuncias y atención expone a las víctimas a mayores riesgos. Adriana Herrera Beltrán, veedora Distrital, subrayó que es fundamental superar los subregistros, fortalecer las respuestas institucionales y avanzar hacia una estrategia integral que garantice una protección efectiva. Según el análisis territorial de la Veeduría, Kennedy, Bosa, Suba y Ciudad Bolívar concentran el mayor número de casos acumulados, mientras que Los Mártires, Santa Fe, La Candelaria y Antonio Nariño presentan las tasas más altas por cada 10.000 habitantes. Las proyecciones para 2025 indican que Los Mártires, Antonio Nariño, Teusaquillo y Santa Fe podrían ver un aumento sostenido.
El organismo también advirtió que la pornografía infantil se ha convertido en el delito más reportado dentro de la Escnna, alcanzando un máximo histórico en 2024, con 667 registros de la Fiscalía y 331 denuncias de la Mebog. La identificación de víctimas en entornos digitales sigue siendo un desafío, pues muchas grabaciones incautadas carecen de datos de origen, lo que dificulta activar rutas de protección.
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A pesar de los avances, como la Política Pública Distrital de Lucha contra la Trata de Personas (2022-2031) y el Conpes Distrital 27 de 2023, persisten obstáculos. La Veeduría enfatizó la falta de rutas especializadas, la limitada formación de actores clave, la escasez de campañas pedagógicas y el desconocimiento ciudadano sobre la evolución del delito. Finalmente, el organismo recomendó a la Administración distrital un plan integral que incluya prevención en turismo, articulación institucional y desmantelamiento efectivo de redes de explotación.
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