En Jamundí, Valle del Cauca, un condominio de lujo se convirtió en el centro de una investigación judicial que involucra presuntos nexos con redes de narcotráfico. El proyecto inmobiliario, conocido como Essencial Country Club, cuenta con 51 casas de 123 metros cuadrados en lotes de 1.200 metros cuadrados, pero su construcción quedó paralizada tras las acusaciones de la Fiscalía que apuntan a posibles operaciones de lavado de dinero.
El complejo está ubicado cerca de los corregimientos de Potrerito y Mamonal, a solo 20 minutos del sur de Cali, una zona que ha sido golpeada en los últimos años por hechos violentos asociados a disputas entre grupos criminales. En mayo de 2025, el secuestro de un menor de 11 años sacudió al municipio, y un mes después, un atentado en Potrerito dejó tres víctimas mortales. Estos hechos, sumados a la presencia de carteles mexicanos en la región, confirman el carácter estratégico de Jamundí para el envío de cocaína hacia Norteamérica.
Las alarmas de las autoridades se encendieron cuando la Fiscalía señaló que la constructora encargada del proyecto, Domus SAS, propiedad de Humberto José Mayorga Vidal, habría servido para blanquear recursos del presunto narcotraficante Javier García Rojas, alias “Maracuyá”, vinculado a carteles del Valle y del norte del departamento. Según las investigaciones, entre 2009 y 2016 la firma habría canalizado dineros ilícitos para adquirir predios en distintas regiones, incluyendo un megalote de 107 hectáreas en Cartagena.
Los lotes del Essencial Country Club fueron embargados y pasaron a ser parte del proceso de extinción de dominio contra los bienes asociados a la red de alias Maracuyá. Esto dejó en medio de la incertidumbre a decenas de compradores que aseguran haber invertido ahorros, créditos y patrimonio familiar en el proyecto, sin recibir las propiedades prometidas.
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El abogado de los inversionistas, Fabián Esteban Revelo, explicó que sus clientes actuaron de buena fe y ahora piden ser reconocidos como víctimas dentro del proceso. “Muchos entregaron dinero confiando en la legalidad de la obra, pero quedaron sin vivienda y sin recursos”, aseguró.
Por su parte, la defensa de Mayorga Vidal argumenta que los bienes no se adquirieron con recursos ilícitos y señala a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) como responsable de la paralización del condominio desde febrero de 2024, cuando asumió el control administrativo. A su vez, los abogados de alias Maracuyá han cuestionado el proceso judicial, afirmando que no existen pruebas que lo relacionen directamente con los hechos y que se ha afectado su presunción de inocencia.
Tras ocho meses de pausa, el 17 de julio se retomaron las audiencias mientras la Corte Suprema definía si el caso debía trasladarse a Cali o continuar en Bogotá. El futuro del Essencial Country Club sigue en manos de la justicia, y la decisión de la Fiscalía será determinante tanto para los inversionistas que esperan respuestas como para esclarecer los presuntos vínculos entre el narcotráfico y el sector de la construcción en el Valle del Cauca.
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