De acuerdo con la Fiscalía, los tres policías venían exigiendo gruesas sumas de dinero a ciudadanos que se encontraban inmersos en actividades ilícitas.
Los uniformados trasladaban a dichas personas hasta el CAI y les exigían el pago de dinero para no emitir órdenes de captura en su contra.
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En las audiencias, el ente investigador demostró que los policías contaban con la ayuda de un presunto informante. Esta persona les señalaba a delincuentes que podrían ser abordados y a los cuales les podrían exigir dinero.
Los dos intendentes y un patrullero se acusaron por los delitos de concierto para delinquir agravado y concusión, cargos a los que no se allanaron.
Los tres agentes se capturaron el pasado 13 de agosto de 2020, por servidores del CTI, luego de que el Juzgado Tercero Penal de Buenaventura emitiera una orden de captura en su contra.
La Inspección General de la Policía Nacional suspendió de sus funciones a los tres uniformados y los separó del servicio, mientras continúa el proceso penal en su contra.
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