El contrato, según a investigación, fue suscrito el 20 de octubre de 2020, durante la vigencia de la emergencia sanitaria por el covid-19, el entonces secretario de Educación municipal suscribió el contrato objeto de investigación con el representante de la Empresa de Telecomunicaciones de Popayán (Emtel), por un valor superior a 1.341 millones de pesos para ejecutarlo en dos meses.
De acuerdo con el ente acusador, “no se logró determinar la necesidad de la firma del referido contrato, en el entendido de que los estudiantes no asistían a las aulas y estaban en sus casas atendiendo las clases de manera virtual, ante las restricciones decretadas por la pandemia”. También se estableció que se realizó un proceso de contratación directa al amparo de una declaratoria de urgencia manifiesta y la condición de empresa de economía mixta del contratante.
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Emtel, como compañía encargada de llevar internet a los colegios, al parecer, subcontrató a otras dos entidades para intentar cumplir con la actividad encomendada. Esto habría generado un beneficio económico superior a los 206 millones de pesos.
Por último, según la Fiscalía, se acreditó que el contrato se cumplió en un 66%, pues se garantizó conectividad a 62 planteles, algunos de los casos en condiciones que incumplían los lineamientos estipulados por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTic).
Por estos hechos, la Fiscalía imputó al exsecretario de Educación los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público agravado e interés indebido en la celebración de contratos.
De otra parte, el representante legal de la Empresa de Telecomunicaciones de Popayán, Jorge Hernán Gómez Timaná, fue imputado por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos.
Los demás procesados fueron imputados por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público agravado e interés indebido en la celebración de contratos. Se trata de: Vladimir Torres García, Elsa Gamboa Camacho, Daniceth Yaneth Asprilla Rivas, Clemente Viáfara Ante, Heny Yohana Candelo Ortega y Deisy Cecilia Ortega Perea.
El exsecretario de educación, el representante legal de Emtel y los señores Torres García y Viáfara Ante deberán cumplir media de aseguramiento en centro carcelario; mientras que Deisy Cecilia Ortega Perea permanecerá privada de la libertad en el lugar de residencia. Las otras tres personas seguirán vinculadas a la investigación.
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