Las labores investigativas permitieron identificar a ocho personas, integrantes de tres familias
distintas, quienes habrían constituido 19 sociedades de papel que figuraban como
inmobiliarias, empresas de servicios generales o de asesorías, entre otras.
De igual manera, se estableció que, presuntamente, se hicieron pasar como representantes de
ONG’s y empleados de alcaldías, gobernaciones y otros organismos, y recorrieron varias
ciudades contactando y recopilando información de mujeres embarazadas de escasos recursos,
cuyos periodos de gestación se encontraban entre el cuarto y el quinto mes.
Al parecer, con los nombres y datos personales obtenidos en municipios de Vichada, Meta,
Cundinamarca, Huila, Casanare, Boyacá y Atlántico, afiliaron 428 mujeres al sistema de salud
con el supuesto de que eran empleadas de las empresas fachada creadas.
El material de prueba da cuenta de que, inicialmente, reportaron que las trabajadoras recibían una remuneración equivalente a un millón de pesos, pero faltando un mes para que dieran a la luz informaron sobre un aumento salarial a ocho millones de pesos.
Con estas maniobras, los señalados integrantes de la organización delincuencial habrían
solicitado el pago de licencias de maternidad, las cuales fueron pagadas con base en el último
salario reportado por el empleador.
De esta manera, defraudaron en cerca de 9.000 millones de pesos a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Por estos hechos, la Fiscalía imputó a los presuntos implicados por los delitos de: enriquecimiento ilícito de particulares, estafa agravada, utilización ilícita de redes de comunicación y concierto para delinquir agravado.
Seis de los procesados recibieron medidas de aseguramiento privativas de la libertad y dos más
seguirán vinculados a la investigación.
Paralelamente a la judicialización, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de
Dominio impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro
sobre 1 predio rural, 3 urbanos, 8 vehículos y 19 sociedades ubicadas en Villavicencio (Meta),
Neiva (Huila) y Bogotá.
Los bienes, avaluados preliminarmente en 1.216 millones de pesos, habrían sido adquiridos con
los dineros obtenidos por la red ilícita.
Las propiedades quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración.
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