“Nuevamente, se llevaron una investigación a dormir al mundo de los sueños”, así calificó el concejal Roberto Ortiz la petición de la Procuraduría General de la Nación para asumir el caso de Luz Marina Cuéllar, jefe de comunicaciones de la Alcaldía de Jorge Iván Ospina.
De acuerdo con el cabildante, este hecho es de suma preocupación porque ya en ocasiones anteriores ha ocurrido y no han tenido buenos desenlaces las investigaciones.
“Estas son maniobras que se ven desde hace rato en Cali y alrededor de la administración de Ospina, es una táctica que utiliza esta Alcaldía para que el alcalde ni ninguno de sus funcionarios sean tocados por entes de control”, dijo Ortiz.
Además, el cabildante manifestó que la Personería de Cali ha estado trabajando en estos casos y ha dado algunos resultados, pero que mágicamente ha ocurrido en al menos 10 ocasiones en las que solicitan los expedientes desde Bogotá, dejando sin competencia a los entes municipales.
“Le arrebataron la investigación para mandarla a dormir en el mundo de los sueños. Dentro de las investigaciones que ha pasado esto destaca la de una secretaria de Bienestar Social de apellido Perdomo, que fue archivada. Esto no puede seguir pasando, no pueden seguir burlándose de nosotros”, comentó Ortiz.
Se debe recordar que la investigación a la que hace alusión el concejal Ortiz es por presuntas irregularidades de Luz Marina Cuellar en procesos de contratación en el marco de la pandemia del Covid-19.
De hecho, según María Isabel Alvarado, vocera de Mi Cali Contrata Bien, “la Secretaría de Gobierno (que tiene a cargo el área de comunicaciones) registró 53 contratos en 2020 asociados al Covid-19 por $ 1388 millones, recursos destinados al diseño, implementación y difusión de campañas de prevención”.
El también concejal Juan Martín Bravo opinó que el traslado de la investigación hace que las personas pierdan la credibilidad en los entes de control municipales.
“Yo siempre he dicho que los entes de control a nivel nacional son extorsivos, lamentablemente en su gran mayoría no ejercen su función sino que cuando abren un proceso se acercan al funcionario y le ponen un costo para hacer que los procesos se archiven o surja el mejor abogado de Colombia: vencimiento de términos”, agregó Bravo.
Al consultar a la Procuraduría General de la Nación manifestaron que no podían dar información frente a los avances de los procesos relacionados con Jorge Iván Ospina o sus funcionarios que esta entidad esté adelantando, debido a que tienen reserva.
“Los procesos de alcaldes, por su naturaleza, y dado que ahora mismo hay una nueva estructura, tienen que mirarlos una Sala de Instrucción y eso está en Bogotá, todos los procesos relacionados con alcaldes capitales están en Bogotá, y no solamente es de Cali sino que es de todos”, argumentaron desde la Procuraduría.
Debido a la polémica, desde la Oficina de Comunicaciones de la Alcaldía contestaron: “Atendiendo la recomendación del equipo jurídico asesor, la señora Luz Marina Cuéllar Salazar se abstendrá de realizar pronunciamiento alguno sobre los trámites que adelanta el Ministerio Público hasta tanto se adopten decisiones de fondo; respetando así, la independencia y autonomía de los entes de control”.
Asimismo, invitaron al concejal Roberto Ortiz a denunciar si cree que la Procuraduría está ejerciendo de manera inadecuada sus labores, y que no afecte el buen nombre de las instituciones en medio de sus aspiraciones políticas.
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