Por daño a bien ajeno, el abogado Hernando Morales denunció a gobernantes de comunidades indígenas que derribaron la estatua de Sebastián de Belalcázar, el pasado 28 de abril.
Bajo la firma HM Asociados y Cia, el abogado Hernando Morales presentó una denuncia penal contra gobernantes indígenas que aceptaron haber participado en el derribamiento de la estatua de Sebastián de Belalcázar, al oeste de Cali, en el marco de las protestas del 28 de abril pasado.
Pedro Velasco, gobernante de la comunidad Misak; Edgar Alberto Velasco, secretario del movimiento de autoridades de indígenas, y "los representantes de los 3 pueblos y 52 autoridades a nivel nacional" son los denunciados ante la Fiscalía General de la Nación.
Lee también: La tumbada de la estatua de Belálcazar no se salvó de lo memes
Morales indica que los líderes son los determinadores del delito de "daño a bien ajeno con agravante". Por esto pide que se les vincule a una investigación y se les lleve a juicio "hasta las últimas consecuencias".
Según explica en su demanda, las comunidades indígenas atentaron contra un "bien del patrimonio cultural de la ciudad de Cali". Asimismo, pide que se identifiquen a quienes participaron de este hecho.
Los argumentos
En la demanda, Hernando doce puntos para argumentar las bases de este señalamiento.
Principalmente habla de la estatua como "un elemento del paisaje Municipal, que se constituye en hitos y cuya preservación es fundamental". Además, lo señala como un "un espacio público de interés cultural", según el Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad.
Paso seguido, el litigante relata los hechos ocurridos en la mañana del 28 de abril, cuando comunidades indígenas abrieron la jornada de protestas con el derribamiento del monumento.
No te pierdas: Este fin de semana los establecimientos nocturnos abrirán hasta las 12 de la noche
Posteriormente, anexa como pruebas las entrevistas a Pedro Velasco por parte de Blu Radio y a Edgar Alberto Velasco, de El Tiempo, en las que se adjudican el hecho.
Para Morales, estos testimonios son "los determinadores del delito aquí denunciado".
El daño está probado", agrega en el documento y cita al periódico El País Cali, en una nota en la que se anunció que la reparación de la estatua será con presupuesto municipal.
Por otro lado, el abogado considera que la actuación de los gobernadores indígenas fue "dolosa y predeterminado", aprovechando el contexto del paro nacional.
Agrega que las comunidades excedieron sus límites territoriales, legales y jurisprudenciales. "Si no estaban de acuerdo con lo de nuestro patrimonio cultural, pudieron haber ejercido otros mecanismos legales o constitucionales", plantea la demanda.
Por lo anterior, considera que dejar pasar por alto este hecho es "abrir la brecha" para que se cometan "más delitos de este tipo".
"(...) O para que mañana, cualquier otro grupo étnico o religioso, atente contra bienes de los particulares o del Estado, excusándose en que este atenta contra su raza o religión", cuestiona.
La pena
De acuerdo al código penal nacional, que el abogado Morales también cita en su demanda, la pena que podrían afrontar los gobernadores indígenas sería de dieciséis a treinta y seis meses de prisión.
Asimismo, tendrían un multa hasta de quince salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Te puede interesar: A Cavasa solo llega el 8% del mercado que antes ingresaba
