Unidades del Batallón de Infantería de Marina No.21, informaron sobre el rescate de dos menores de 16 y 17 años de edad, quienes voluntariamente se acercaron a la tropa, manifestando que eran parte de un grupo armado en Buenaventura.
El hecho se presentó en San José de Anchicayá, zona rural de Buenaventura, por lo que se cree que estos menores fueron reclutados por la estructura 'Jaime Martínez', disidencias de las Farc, que operan en esta zona.
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Asimismo, los jóvenes indicaron que desde hace un año los reclutaron y los obligaron a delinquir bajo órdenes extremas. Además de que recibían constantes amenazas contra su integridad física.
"De inmediato se estableció contacto con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, seccional de Buenaventura, para el restablecimiento de los derechos de los menores desvinculados", aseguró Johan Guzmán, Comandante del Batallón de Infantería de Marina.
Por lo anterior, la Armada de Colombia continúa difundiendo las campañas del Ministerio de Defensa Nacional contra el reclutamiento forzado y ratificó su compromiso con el bienestar de niños, niñas, jóvenes y adolescentes del Pacífico colombiano.
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Los enfrentamientos que históricamente se han registrado en Buenaventura, han aumentado en los últimos dos años dejando más de mil familias desplazadas y otras más confinadas en sus territorios.
El pasado 22 y 23 de marzo, las comunidades realizaron la Movilización Cultural por la Vida en el Territorio; en un intento por visibilizar y dar a conocer la crisis humanitaria que están viviendo.
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De esta manera, el 24, firmaron unos acuerdos con delegados del Gobierno Nacional, los consejos comunitarios y organizaciones étnicos – territoriales del Proceso de Comunidades Negras, PCN, Palenque Regional El Congal y Articulados.
No obstante, dos días después, 114 familias, más de 400 personas, entre adultos y niños, llegaron desplazadas desde la cuenca del río Cajambre hasta el barrio La Playita.
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Adicionalmente, a la dinámica del conflicto generado por el control del territorio, el narcotráfico y la minería ilegal, se suman las precarias condiciones socioeconómicas del puerto. Donde la falta de acceso a la educación, salud y las pocas oportunidades de empleo son caldo de cultivo para que los grupos armados ilegales y las bandas delincuenciales engrosen sus filas con los jóvenes del lugar.
Según la Personería Distrital, más de mil familias se han desplazado desde el año pasado. En el puerto hay más de 200 viviendo en condiciones indignas porque no se les presta la atención que requieren y tampoco han podido retornar a sus territorios por falta de garantías.
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