Este proyecto está dirigido especialmente a las bandas criminales con ningún estatus político que no están cobijados en el proyecto de paz total sancionado inicialmente por el gobierno del presidente Gustavo Petro.
El jefe de la cartera de justicia aseguró que este es un articulado que le ofrece el gobierno a las bandas criminales para que se acojan a la justicia y restauren a las víctimas, con la finalidad de obtener varios beneficios.
El documento señala que este proyecto va dirigido a “grupos que se enmarquen en patrones criminales que incluyan el sometimiento violento de la población civil de los territorios rurales y urbanos en los que operen, pero que no tengan ningún carácter político”. Igualmente, asegura que la red sea plural y tenga una estructura jerárquica.
Aquí estarían el Clan del Golfo, Sierra Nevada, Oficinas. En el limbo quedó la segunda Marquetalia, pues el ministro Osuna aseguró que el presidente decidirá si también les beneficia este nuevo proyecto.
Al acogerse a la propuesta del Gobierno, estas bandas criminales deberán entregar información sobre su organización, desmantelar la misma, reparación a las víctimas, aportar a la verdad y entregar bienes de la organización.
Cabe resaltar que los bienes entregados entraran directamente a extinción de dominio. No obstante, los integrantes de estas bandas podrán mantener hasta un 6 % de ese patrimonio ilícito para sus familias, según manifiesta el documento.
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Según el documento presentado por el Ministro de Justicia, esta ley está conformada en 3 fases para su funcionamiento:
La primera fase iniciará con el Presidente de la República, quien a través del Alto Comisionado para la Paz harán los preacuerdos con las bandas criminales que deseen acogerse a los beneficios.
Acto seguido, empieza una fase de investigación, procesamiento e imputación de los crímenes cometidos.
En este punto, el ministro aseguró que existirán dos candados para evitar colados: el primero conformado por el Alto Comisionado, inteligencia policial, inteligencia militar, Dirección Nacional de Inteligencia. Estos tendrán un plazo de tres meses para contrastar la información entregada y los integrantes. También tienen la facultad de excluir personas que consideren no hacer parte de la banda.
El segundo está conformado por la Fiscalía, cuya función será verificar que hacen parte de la organización que aseguran, entregando bienes, modus operandi y evitando colados en el proceso.
Finalmente, serán los jueces que imputen los delitos señalados a cada uno de los integrantes de estas bandas criminales para cumplir sus condenas en centros carcelarios.
Según expresó el funcionario, existirán dos etapas en las condenas para quienes se acojan a este proyecto: Inicialmente, es un periodo en las cárceles ordinarias del país de seis a ocho años, sin beneficios y reducciones, según los delitos imputados.
Posteriormente, habrá unos cuatro años obligatorios de justicia restaurativa. Esto consiste en una libertad condicionada para realizar actividades de restauración a las víctimas y de reinserción a la sociedad.
Según lo aseguró Néstor Osuna, este proyecto tiene una duración de dos años para que las bandas criminales decidan acogerse a la justicia y al desmantelamiento de la banda criminal a la que pertenecen.
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