Petro, hace unos días, anunció que asumirá las funciones presidenciales que delegó en las Comisiones de Regulación de servicios públicos, lo cual ha desatado todo tipo de críticas. El Mandatario aseguró que la decisión que tomó la faculta la Constitución Política "la constitución del 91 le entregó al Presidente la facultad de construir las políticas generales de los servicios públicos, y la ley estableció que el mayor derecho a proteger era el de las y los usuarios".
A través de un comunicado, los gremios explicaron cuáles son los riesgos sobre el anuncio del presidente Gustavo Petro de controlar y vigilar las tarifas de servicios públicos. Al respecto, manifestaron que es necesario que se respete la seguridad jurídica e institucional.
La Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones, Andesco; la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica, Asocodis; la Asociación Nacional de Empresas Generadoras, Andeg; la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica, Acolgen y la Asociación de Energías Renovables, Ercolombia fueron las que firmaron el documento en el que, en cuatro puntos, expresaron su posición frente al anuncio del Presidente.
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Los gremios afirmaron que los sectores eléctricos y de gas natural, desde las Leyes 142 y 143 de 1994, han contado con una institucionalidad robusta y estable que ha permitido que tanto el Gobierno como los inversionistas y las empresas públicas, privadas y mixtas hayan podido trabajar de manera articulada.
Además, mencionaron que las señales anunciadas por el Mandatario de retomar las funciones de regulación de los servicios públicos domiciliarios debilitarían la institucionalidad, lo que pondría en riesgo la confianza de los agentes prestadores de estos servicios para ejecutar inversiones que son necesarias para garantizar los mismos.
En el documento, de igual manera, precisan que es fundamental que se garantice la seguridad jurídica para contar con reglas razonables y estables, así como para mantener independencia de los entes de regulación para evitar situaciones que puedan poner en riesgo la prestación continua de los servicios. Aquí los cuatro puntos:
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Los sectores eléctricos y de gas natural, desde las Leyes 142 y 143 de 1994 han contado con una institucionalidad robusta y estable, que ha permitido que todos los actores, incluyendo el gobierno, inversionistas y empresas públicas, privadas y mixtas, trabajemos de manera articulada logrando, en las últimas tres décadas, mejoras significativas en cobertura y calidad de estos dos servicios públicos esenciales para los ciudadanos.
Sin embargo, las señales anunciadas recientemente de retomar las funciones de regulación de los servicios públicos domiciliarios debilitan la institucionalidad y con ello ponen en riesgo la confianza de los agentes prestadores de estos servicios para ejecutar las inversiones públicas y privadas necesarias para garantizar los mismos, incluyendo que probablemente se verán afectados los proyectos que permitirán al país avanzar en el proceso de transición energética, lo que perjudicaría a todos los colombianos.
Es fundamental garantizar la seguridad jurídica, que permita contar con reglas razonables y estables, y mantener la independencia de los entes de regulación, para asegurar la confiabilidad de los sistemas y, por tanto, de los servicios de electricidad y gas natural, evitando situaciones que pongan en riesgo la prestación continua de los servicios, debido a la toma de decisiones sin el suficiente soporte técnico.
Por último, en nombre de los gremios que representamos y nuestras empresas afiliadas, ratificamos nuestra entera disposición para trabajar conjuntamente con el Gobierno Nacional, en cabeza del Presidente de la República y sus entidades delegadas, para buscar soluciones y mejoras sostenibles y con rigor técnico, que contribuyan a la situación actual, en el marco de la institucionalidad y de las mejores prácticas recomendadas en asuntos de política pública y regulación sectorial.
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