La fuga de 36 reclusos en la madrugada del martes, quienes se encontraban detenidos en la Estación de Policía de La Flora, revivió la preocupación en torno a la permanencia de condenados y sindicados en estos espacios y las condiciones de hacinamiento y salubridad en las que permanecen.
Igualmente, la responsabilidad en atención y cuidado de los privados de la libertad y la afectación que en materia de seguridad implica para una ciudad como Cali, con graves problemas de seguridad, que del 15 % al 20 % de sus policías estén destinados a cuidar internos, cuando no están preparados para eso y en el papel es una función que corresponde al Inpec.
“Lo que se ha visto es que las estructuras de crimen organizado siguen operando dentro y fuera de la cárcel, entonces en Colombia los reclusos continúan delinquiendo, por ende la seguridad en la ciudad sigue viéndose afectada. Además, que en muchas ocasiones se designan a policías para su cuidado, lo que deja las calles sin Fuerza Pública”, afirmó Néstor Rosanía, director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz.
De acuerdo con cifras de la Personería de Cali, al día de ayer permanecían 1867 personas privadas de la libertad en las diferentes estaciones de Policía y en condiciones de reclusión poco dignas. De ellas, 1834 estaban sindicadas y 33 más condenadas por diversos delitos.
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“Mi posición como Personero ha sido muy clara y he advertido la posibilidad de que se presentara una situación de estas porque las condiciones físicas y de seguridad no son las idóneas. Muchos de los privados de la libertad permanecen esposados y amarrados a un tubo o como en el caso de San Nicolás, permanecen en hamacas uno sobre otro”, explica el personero Harold Andrés Cortés.
El comandante de la Policía Metropolitana, general Juan Carlos León, informó que el hecho ocurrió cerca de las 2:00 a.m. del martes.
“Se registra la fuga de 36 detenidos, de 84 que se encuentran aquí en la Estación La Flora, una celda que solo tiene capacidad para 15 personas, y allí dañan los barrotes y salen por la parte trasera de la estación”.
“El municipio se quedó corto”
Sobre la responsabilidad de los reclusos, la Ley 65 de 1993, en su Artículo 17, señala claramente que el Inpec es el responsable de los privados de la libertad en calidad de condenados, y esa vigilancia y cuidado la hace en los establecimientos de reclusión del orden nacional a su cargo.
Por su parte, quienes se encuentran en calidad de sindicados, capturados en centros de detención transitoria como estaciones de policía o las URI, son responsabilidad de los entes territoriales; en este caso la Alcaldía de Santiago de Cali.
“Normatividad sobre la responsabilidad frente a la población sindicada y la población condenada hay mucha, pero no se cumple. El Municipio tiene una responsabilidad clara frente a la adecuación de las estaciones y frente a la población sindicada, pero se ha quedado corto en su obligación de ofrecerles condiciones dignas de encierro”, señala el Personero de Santiago de Cali.
Justamente, tras la muerte de 54 internos en la cárcel de Tuluá el pasado 28 de junio, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, y el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, protagonizaron un debate a través de Twitter, cuando el mandatario caleño pidió al Gobierno Nacional decretar la emergencia carcelaria por los problemas de hacinamiento.
“El Alcalde de Cali siempre ha estado fuera de base, yo pienso que él tiene que leerse la Ley 65 de 1993 del Plan Nacional de Desarrollo; él está en mora, mejor que siga el ejemplo de Barranquilla y otras ciudades del país que están construyendo centros carcelarios para poder atender los presos sindicados. Es una obligación legal, de modo que él eso es lo que tiene que hacer primero”, respondió el ministro Wilson Ruiz.
Tras la fuga de ayer, el secretario de Seguridad, Jimmy Dranguet, afirmó que “frente a esta situación de hacinamiento, se han revisado más de 30 predios en la ciudad y en sus alrededores buscando un espacio que cumpla con las medidas de seguridad y técnicas para recluir a estas personas. Ya tenemos un espacio en el sur de la ciudad que nos va a permitir albergar cerca de 400 privados de la libertad, la idea con esto es descongestionar las estaciones de Policía donde se registra esta situación”.
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Frente a este pronunciamiento, Rosanía explicó que aunque se están tomando medidas de urgencia, “esto realmente no soluciona ninguna causa o raíz del conflicto. Las medidas que se deben tomar deben pasar por un tema presupuestal y por el Congreso, que son los encargados de reformar toda la estrategia penitenciaria. Esta problemática debe convertirse en un asunto político y de iniciativa presidencial para llegar a una solución”.
Expertos plantean que frente a esta situación, una de las alternativas que podría frenar el hacinamiento y ofrecer medidas dignas para los privados de la libertad es la privatización de cárceles para que haya construcciones masivas.
Esto permitiría llegar a estándares internacionales no solo por los recintos, sino también por las condiciones que se le deben brindar a los presos.
“Otra de las medidas podría ser el aumento de las cárceles en el país, la reestructuración de todo el centro penitenciario de Colombia y que las estaciones de Policía ya no reciban más sindicados. Esto implicaría mayor inversión para predios y construcción; dinero con el que el país no cuenta”, finalizó Rosanía.
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— Q'hubo Cali (@QhuboCali) July 21, 2022
