Con ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar y debido a que existe un estado de cosas Inconstitucional en materia carcelaria y penitenciaria, la sala segunda de revisión encontró varias irregularidades que se presentan al interior de la cárcel La Picota, en Bogotá, por parte del Inpec.
Sobre las denuncias en los presuntos cobros para la asignación de celdas, la Corte ordenó al Inpec que adelante las investigaciones y adopte un plan para mejorar estas irregularidades.
En lo que respecta a los problemas en el acceso a la alimentación, la sala tuvo en cuenta la denuncia de un contratista que aseguraba que terceros saqueaban la comida sin el control de los guardias.
“La problemática es generada desde el momento que estas son liberadas por este operador en el servicio de alimentos hasta el punto de distribución o entrega final a los internos, pues es en este lapso donde las raciones están expuestas a saqueos por parte de terceros ajenos al servicio y en donde brilla por su ausencia la seguridad brindada por la guardia del establecimiento”.
Estas denuncias se suman a la falta de higiene y salubridad dentro del penal, en el que también existe la presencia de roedores e insectos.
La tutela de los presos también denunciaba los tratos crueles e inhumanos por parte de guardias. Sobre esto, la Corte otorgó 15 días al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, y a la dirección de La Picota, a que modifique el protocolo de seguridad para los procedimientos de inspecciones y las requisas intrusivas que se consideran ilegales.
La Corte determinó que el tema de la alimentación y el acceso a otros bienes básicos, ya que "no puede suspenderse o limitarse, por lo que también ordenó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) iniciar las investigaciones disciplinarias pertinentes".
En la tarde del pasado domingo 5 de febrero, se presentó el asesinato de un dragoneante del INPEC en el municipio de Tuluá, el hombre se desplazaba en una bicicleta cuando lo abordaron sicarios que le dispararon en repetidas ocasiones.
El hecho se presentó sobre la carrera 26 entre calles 29 y 30 del barrio Salesianos de la Villa de Céspedes, al dragoneante lo identificaron como John Alan Lozano Alvear, de 39 años de edad.
Según las autoridades, el guarda del INPEC registraba anotaciones como víctima de amenazas entre los años 2020 y 2022, igualmente, en los últimos meses le enviaron mensajes de texto al director de la cárcel de Tuluá con amenazas contra Lozano Alvear por actos irregulares en función de su cargo, como lo era el cobro de dineros por traslados de internos.
En dicho mensaje, señalan a John por secuestros de internos de alta jerarquía pertenecientes a la estructura delincuencial de La Inmaculada y cobro de remesas de internos, también lo catalogaban los internos como un funcionario de actitud agresiva contra los mismos.
Horas después de conocerse este homicidio, salió a la luz pública un panfleto donde amenazan a funcionarios del INPEC por maltratar a los internos y trasladarlos de cárceles.
Según el panfleto, “a partir del 5 de febrero del 2023 son declarados objetivo militar por parte de nuestro grupo MAGO para que sigan tejiendo cosas por la espalda de nosotros”.
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