La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), anunció que recibió la aprobación de 60.000 millones de pesos para la apertura de 423 nuevos cargos para su funcionamiento.
El presidente de la JEP, Roberto Carlos Vidal, señaló que esta ampliación “obedece a una política de Estado para cumplir con los compromisos establecidos por el Gobierno colombiano con la Corte Penal Internacional para el cierre de su examen preliminar y fortalecer las capacidades de la JEP para sancionar a los máximos responsables del conflicto armado”.
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El magistrado Vidal expresó que con los 894 cargos iniciales se avanzó en la creación de los primeros siete grandes casos y lograr imputación de 78 responsables de delitos como la Toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes cometidos por las Farc-EP, y Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado, antiguamente conocidos como falsos positivos.
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“La Justicia Ordinaria cuenta con 35.000 funcionarios; la Fiscalía General con 28.000; y la JEP con 1.317 cargos para cerrar la brecha de impunidad en Colombia por los cientos de miles de crímenes ocurridos durante el conflicto armado ocurridos durante 50 años”, expresó
Asimismo, en lo que respecta a las funciones de estos nuevos funcionarios que llegarán para completar 1.317. El jefe de la entidad aseguró que ayudarán al alto grado de saturación que tienen las salas a día de hoy. Además de la nueva etapa que viene en la JEP.
“En esta nueva etapa judicial, la JEP se acerca a la imposición de las primeras sanciones a los miembros de las extintas Farc-EP, la fuerza pública y civiles que han sido imputados como máximos responsables. Este escenario requiere del fortalecimiento de los equipos para hacer posible el desarrollo de trabajos, como parte de las sanciones, con los que deberán cumplir los responsables”, dijo.
El magistrado expresó que este acuerdo estaba planeado y aprobado desde el gobierno de Iván Duque y confirmado en el gobierno de Gustavo Petro, porque la JEP “es una jurisdicción con funciones específicas de juzgar 50 años del conflicto armado en delitos que son imprescriptibles”.
Cabe resaltar que con esta ampliación se espera la apertura del marcrocaso 11, sobre delitos sexuales, y la imposición de sanciones a los responsables de los grandes casos 1, 2 y 3 con sanciones de cárcel o con justicia restaurativa.
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