Los procedimientos en cuestión son: un acuerdo para adecuar el canal de aducción de la planta de tratamiento de agua potable Río Cali, la intermediación innecesaria en un convenio interadministrativo de más de $18.000 millones con la Empresa de Recursos Tecnológicos (ERT) y el no pago de tasas retributivas por parte de Emcali al Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (Dagma).
En el caso del acuerdo para adecuar el canal de aducción de la planta de tratamiento de agua potable Río Cali, la Contraloría encontró un detrimento que supera los $14.000 millones. El contrato nunca se terminó porque se venció el plazo y las partes terminaron enfrentadas en un tribunal de arbitramento. Por este caso, la Contraloría ordenó embargos a 45 cuentas bancarias y 12 inmuebles tanto a contratistas como a exgerentes de Emcali.
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En el segundo caso, Emcali firmó un convenio interadministrativo con ERT por un valor de más de $18.000 millones para brindar apoyo a los call centers y a la gestión de servicios al cliente de Emcali. Sin embargo, la intermediación innecesaria habría costado a los bolsillos de los caleños $3000 millones. A juicio de la Contraloría, Emcali habría podido contratar a privados por menor valor sin la intermediación innecesaria.
En el tercer caso, Emcali no pagó las tasas retributivas al Dagma durante los años 2001 y 2002. La deuda fue creciendo como una bola de nieve y la omisión le salió tan cara a la ciudad que solo en intereses moratorios sumaban, casi dos décadas después, más de $66.000 millones con corte al 2019. Cuando la Contraloría estuvo en Cali indagando el tema, encontró que el Dagma le condonó el 70 por ciento de la deuda de los intereses. La Contraloría considera que esta omisión es un detrimento y afectación a los recursos públicos.
Los embargos ordenados por la Contraloría se dan con el objetivo de recuperar los recursos para intentar completar la obra del canal de aducción de la planta de tratamiento de agua potable Río Cali, pues se trata de un asunto humanitario en el que está en juego el suministro de agua potable para más de medio millón de personas. La Contraloría ha compulsado copias a la Fiscalía y la Procuraduría para investigar penal y disciplinariamente lo ocurrido.
La figura del convenio interadministrativo se ha vuelto una especie de juego para evadir controles. Según lo confirmado por El País y Semana, se ha utilizado para saltarse la ley de contratación. En el caso de Emcali, la intermediación innecesaria habría sido utilizada para evadir los controles y contratar a privados por un mayor valor del necesario.
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