Al comandante de la Policía del Caquetá, coronel Javier Antonio Castro, lo citaron a indagatoria por la Justicia Penal Militar para conocer su versión frente al actuar que tuvo en medio de la situación que se presentó a comienzos del mes de marzo en el sector de Los Pozos, en la zona rural de San Vicente del Caguán.
En ese lugar, un policía y un civil fallecieron en medio de manifestaciones lideradas por campesinos e indígenas, que a su vez, retuvieron durante 24 horas a 79 agentes de la Institución.
Fue por esa razón que un juez de la justicia penal militar y policial emitió una orden de captura contra el comandante de la Policía en Caquetá. Al coronel Castro lo investigan por el delito de omisión de llamado de auxilio.
Según pudo conocer Colprensa, esta orden de captura se emitió porque el juez lo citó a indagatoria y no asistió, lo que generó una orden de captura facultativa para escucharlo.
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Esta protesta, que duró más de 40 días, se salió de control en la madrugada del jueves 2 de marzo, en la vereda conocida como Los Pozos, donde luego de varios enfrentamientos se presentó el secuestro de seis empleados de la petrolera y 78 Policías, por parte de los campesinos.
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Estos enfrentamientos también dejaron como saldo la muerte del subintendente de la Policía, Ricardo Arley Monroy Prieto, quien murió por heridas de arma blanca. A ese homicidio se suma la muerte del campesino Reinel Arévalo, también en medio de los enfrentamientos.
En la apertura de la indagación, la Procuraduría anunció la recolección de pruebas con el fin de la omisión de varios oficiales en estos hechos. Señala el ente disciplinario que, por publicaciones de SEMANA, se tuvo conocimiento de la “posible omisión en el apoyo requerido por policías del departamento de Caquetá, en noticia titulada “La vida no vale nada, ya nos mataron un compañero y estamos sin munición”: reclamo de policía tras violenta jornada en Caquetá”.
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La delegada disciplinaria de instrucción del ente de control busca "establecer los comportamientos que por acción u omisión que podrían haber desplegado los mencionados funcionarios y que podrían constituir falta disciplinaria".
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El Ministerio Público sostuvo que, durante los enfrentamientos, algunos miembros de la Fuerza Pública solicitaron respaldo en diversas comunicaciones radiales. Sin embargo, no recibieron apoyo y eso habría facilitado el secuestro de los uniformados.
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