Petro aseguró que para conocer la verdad el Gobierno debe convocar a los paramilitares que firmaron la ley de justicia y paz para que entreguen un balance sobre lo que se ha cumplido y si las víctimas realmente se han reparado.
En medio de un acto de cierre del ciclo de pago de indemnizaciones realizadas por el Fondo de Reparación de las Víctimas en Barrancabermeja, Santander, el presidente, Gustavo Petro, habló sobre la ley 975 de 2005, de la ley de justicia y paz.
De la conocida ley de justicia y paz, aseguró que su Gobierno está concluyendo el cierre de la misma.
“Es a mi Gobierno que le corresponde la fase final... Una sentencia de la Corte Constitucional que corrigió un terrible entuerto del Congreso de la República (…) era una ley de impunidad a los narcotraficantes armados de Colombia, allí no había un fiscal que criticara”, aseguró Petro.
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En medio de su discurso, el mandatario colombiano denunció que en entidades como en la Unidad de Víctimas y en la Sociedad de Activos Especiales (SAE), existen casos de corrupción en los que, según el mandatario, se robaron los bienes de las víctimas.
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“Las cifras son terribles, empecemos por decir que la Unidad de Víctimas se convirtió como la Sociedad de Activos Especial, como un festín de la corrupción, saquearon los bienes que entregaron los paramilitares igual que sacaron los bienes que el Estado pudo extinguir de los narcotraficantes”, afirmó Petro.
El presidente reiteró que muchas de las víctimas siguieron amenazadas.
“Se los robaron, se robaron los recursos públicos, recursos para la indemnización de las víctimas, construyeron mafias, algunas ligadas incluso al viejo paramilitarismo para recuperar lo que habían entregado y que no llegara a las víctimas. Sacaron fusiles y pistolas para amenazar de nuevo a las víctimas que habían producido para que no tuviera la indemnización en términos de bienes”, reiteró Petro.
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El mandatario le hizo un llamado al fiscal general, Francisco Barbosa, para realizar la investigación de esos casos y aseguró que los fiscales del órgano de control deben hacerse cargo de cada investigación, de las cuales aseguró que existen responsables políticos y testigos.
“Hay una historia que se va a narrar, y espero que este fiscal general sea capaz de investigarla, igual que debería investigar lo que pasó con los bienes de narcotraficantes en la SAE, igual que lo que pasó en la mafia de la UNP, y del Inpec, y de la Fiscalía misma que tiene testigos importantes”, enfatizó Petro.
Frente a la ley de Justicia y Paz, Petro aseguró que su Gobierno continuará usándola para buscar y escuchar la verdad.
“Nosotros creemos que esta ley 975, que no está muerta, que no ha sido derogada. Hay que ponerla de nuevo a funcionar con un objetivo, cerrar este ciclo, cuántos bienes entregaron los paramilitares, donde están, por qué se refundieron, podemos rehacer las listas”, afirmó Petro.
Y reiteró el mandatario: “Hay que cerrar esta ley 975, precisamente para saber la verdad y encontrar los recursos”.
Concluyendo su discurso, Petro aseguró que para conocer la verdad el Gobierno debe convocar a los paramilitares que firmaron la ley de Justicia y Paz para que entreguen un balance sobre lo que se ha cumplido y si las víctimas realmente se han reparado.
“Yo creo que el Gobierno a través de las instancias que aún quedan de los procesos de paz debe reunir a los jefes paramilitares que firmaron esta ley y estos acuerdos, para que haga un balance ante el país sobre lo que ha pasado con la indemnización a las víctimas, sobre lo que ha pasado con la verdad, sobre las posibilidades de que este capítulo no se repita nunca más”, afirmó Petro.
Según la ley, su objetivo principal es "facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación".
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