“La compañía recibió amenazas del frente de guerra oriental del Eln con respecto a sus operaciones en la región. Adicionalmente, contratistas locales han recibido amenazas similares, que los ha llevado a la suspensión de sus servicios para la compañía a partir de hoy”, explicó la empresa por medio de un comunicado.
La compañía, quien ya denunció el hecho a las autoridades, informó que esta suspensión afectará las actividades de producción, transporte, perforación, construcción y mantenimiento de pozos de la Compañía, e impactará a más de 600 puestos de trabajo, incluidos 430 de la comunidad local.
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“La seguridad de las personas es la máxima prioridad para Parex. Por ello, la Compañía ha tomado la decisión de suspender todas sus operaciones en Arauca hasta que se restablezcan las condiciones de seguridad”, informó la compañía.
La situación en el departamento de Arauca es crítica. En los últimos días la Defensoría del Pueblo confirmó que varias veredas se encuentran confinadas a causa de los combates entre el Eln y las disidencias de las Farc. Un conflicto que viene dándose desde 2022 y que ya dejó más 10 personas muertas este nuevo año.
“Ante estos hechos, las comunidades se encuentran en un estado de temor y zozobra generalizada, con el consecuente desabastecimiento de los víveres necesarios para su alimentación, sin la posibilidad de salir de sus viviendas para asistir a citas médicas y conseguir medicamentos, así como la salida de sus cosechas para su posterior comercialización. Esta situación pone en grave riesgo su derecho a la salud, a la vida y al acceso a servicios o bienes básicos para su supervivencia”, aseguró el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, luego de que la entidad adelantara una misión de verificación en terreno.
Según cifras de la entidad, serían más de 1.000 familias afectadas en las veredas Lejanías, Normandía, El Progreso, La Esmeralda y el Palón, del municipio de Puerto Rondón, entre otras.
Así mismo, la Defensoría alertó que los menores de edad se encuentran en riesgo de cara al reinicio de las clases. “Hay temor en los padres de enviar a sus hijos a las escuelas y colegios, porque podrían quedar en el medio de las confrontaciones, lo que además genera una vulneración en el derecho a la educación a los niños, niñas y adolescentes de la zona”, explicó el defensor del Pueblo.
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