La Procuraduría General de la Nación abrió este viernes 21 de abril una indagación previa contra el senador Jonathan Ferney Pulido Hernández, conocido como Jota Pe Hernández, leugo de una queje presentada por el presidente del Senado, Roy Barreras.
La investigación responde a las quejas interpuestas por el senador Roy Barreras por las publicaciones hechas contra él por Hernández en su cuenta en Twitter en las que lo acusó de hacer parte de una supuesta “olla podrida” y de ser una persona cercana a la corrupción.
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Las supuestas fallas en la contratación se dieron durante las etapas precontractuales, de celebración y ejecución de contratos suscritos con la empresa Dicitec S. E. M. S. A. S para la producción de los contenidos del canal del Congreso, un convenio que alcanzó los 8.000 millones de pesos.
Al respecto, el senador Roy Barreras planteó que la Dirección Administrativa del Senado informó que el contrato “con una reconocida firma llamada Digitec” le fue adjudicado por ser la oferta más económica y más calificada.
“Esa empresa no tiene nada de ‘fantasma’ y que presta servicios a múltiples entidades del Estado (...) Miente al decir que le roban una parte del salario a los empleados: Son los impuestos y descuentos de ley. Miente y engaña incautos”, precisó el Presidente del Senado.
Sin embargo, lo que llama la atención es que tras la firma de ese convenio, John Jairo Uribe, el exasesor de Barreras, aterrizó precisamente en Dicitec para ocupar un cargo de productor y según Hernández recibía allí un salario de 8 millones de pesos mensuales.
Sobre este contrato que recibió su exasesor en el Congreso, Barreras planteó que es de público conocimiento que él trabajó a su lado en los últimos años. “Ojalá todos las personas que trabajan para mí se consideren amigos. Ninguno amigo íntimo como sugiere de mala fe”, apuntó.
Ante estas acusaciones, Roy Barreras anunció medidas contra el senador Jota Pe Hernández “por los delitos de injuria, calumnia y hostigamiento. Además atenderá la demanda disciplinaria y demanda punitiva indemnizatoria por el daño reputacional”.
Cabe recordar que Barreras negó las acusaciones que le hizo su colega de la Alianza Verde y aseguró que se trata de una “calumnia prefabricada” para llamar la atención en redes sociales, según él, con la intención de “engañar a la opinión pública” para hacerlo quedar mal.
”Para empezar es de conocimiento público que los presidentes del Congreso no contratan nada ni a nadie. Es función de la Dirección Administrativa que ha dado ya información pública sobre la inexistencia de las supuestas irregularidades denunciadas por el señor Jota Pe”, expuso Barreras.
Entretanto, la Sala de Instrucción Disciplinaria analizará el video publicado por el senador en el que relacionaba al partido político la Fuerza de la Paz y al presidente del Senado con una empresa que ha sido contratada para prestar servicios y de la cual aparecería su enlace en el Facebook del movimiento.
Según expresó el ente de control, esta apertura de indagación se da con la finalidad de verificar la ocurrencia de los hechos y determinar constituyen una falta disciplinaria, así como esclarecer los motivos de la acción y las circunstancias del mismo.
Por último, se debe recordar que con este caso ya son dos los choques por denuncias que tienen ambos congresistas, ya que Hernández denunció al exasesor y a su hija, Valeria Uribe, ante la Fiscalía, señalándolos de acoso sexual y cobro de una parte del salario de tres trabajadores del Canal del Congreso, lo que sacó a Uribe de su cargo.
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