La Procuraduría General de la Nación, en el marco de la investigación que adelanta sobre hechos de violencia que se han denunciado en colegios del Valle, solicitó a la Policía información sobre posibles extorsiones y reclutamientos forzados a niñas y niños.
En tal sentido, solicitó al comandante de Policía departamental, Nelson Dabey Parrado Mora, y al procurador judicial II de Familia de la región, Gabriel Esteban Rodríguez Escandón, dar a conocer las acciones, actividades o actuaciones adelantadas frente a esta problemática.
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Precisa la Procuraduría que “en el Valle del Cauca se estarían presentando casos de extorsión y habría bandas dedicadas al reclutamiento de niñas y niños, a quienes buscan incorporar a pandillas, mafias y al microtráfico, incitándolos al consumo de sustancias psicoactivas, lo que ha sido denunciado por medios de comunicación”.
El ente de control resaltó la prioridad que debe tener el suministro de la información, así como permitir el acceso a los libros de registro, a documentos y a la relación de diligencias existente, para que una vez la misma se reciba, sea posible gestionar las actuaciones correspondientes y adoptar las medidas disciplinarias que corresponda.
Mediante una reunión realizada en la Institución Educativa Nuevo Latir, sede Isaías Duarte Cancino, en Cali, las autoridades y los miembros del centro educativo discutieron las problemáticas de violencia que han afectado a la comunidad estudiantil en la zona.
De hecho, día a día los estudiantes han sido víctimas de extorsiones y amenazas, pues deben pagar 1.000 o 1.500 pesos para poder cruzar las fronteras invisibles y llegar a sus colegios.
Además de esto, se han incrementado los casos de violencia, tráfico de estupefacientes, estructuras criminales y prostitución de niños, niñas y adolescentes en los alrededores de los colegios.
Por eso,los padres de familia y estudiantes del oriente de Cali se encuentran con angustia y sin saber qué más hacer.
Bajo esta premisa, el representante Hernando González, quien convocó el espacio, alzó una petición a los rectores para que los colegios sean un espacio de paz y que ese compromiso se materialice con una bandera blanca. “Esta mesa de trabajo, más que venir a hablar y no quedar en nada, es un compromiso para que salvemos vidas y le arrebatemos más jóvenes a las bandas criminales. No podemos permitir que dejen de ir a estudiar por la inseguridad. Esta no será la última mesa”.
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“Existe la profunda necesidad de que haya un acompañamiento a la salud mental de los jóvenes que viven entornos tan difíciles de maltrato y abandono en sus familias, que simplemente no desean regresar a su hogar luego de terminar su jornada escolar y es ahí donde caen en la delincuencia y pierden las esperanzas de una vida diferente”, recalcó Johan Daniel Ortíz, representante estudiantil de la Institución Educativa Isaías Duarte Cancino.
La comunidad presente también resaltó la necesidad de que haya más cámaras de seguridad y se afronte la problemática de las fronteras invisibles.
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