El Juzgado 30 con función de Control de Garantías deberá definir si el proceso por presunta manipulación de testigos se surte por ley 600 del 2000 o si se realiza por el actual procedimiento penal que es la ley 906 del 2004.
La determinación del juzgado obedece a que el abogado Reinaldo Villalba, quien defiende los intereses del senador Iván Cepeda, que está reconocido como víctima en el proceso, anunció que el expediente se debe adelantar bajo la ley 600 porque en su análisis no halló fundamentos para que se cambie la normativa.
“La renuncia a la curul trae como consecuencia, únicamente, el cambio de instructor, no el cambio del sistema penal a otro.
Lo que está en cuestión es el principio del juez natural, no de la normativa por la cual será acusado. Las conductas punibles que se investigan al exsenador se realizaron de manera continuada, por lo que se iniciaron por ley 600 y se debe continuar por esa misma”, dijo el penalista.
Para Villalba el cambio de normativa es un desgaste para el componente de justicia, por lo que le solicitó a la juez poner a consideración su pedido.
El exfiscal Eduardo Montealegre, quien hizo presencia en la diligencia virtual para declararse como víctima en el proceso, también le pidió a la juez tener en cuenta los argumentos del defensor de Cepeda.
El exvicefiscal Jorge Perdomo, que también hizo presencia en la diligencia, se adhirió a los argumentos de los penalistas al considerar que un cambio abrupto de normativa en el proceso de Uribe “pone en peligro el mantenimiento de la prueba, perjudica a las víctimas y perjudica al componente de justicia”.
Por su parte, el fiscal del caso Gabriel Jaimes, aseguró no estar de acuerdo con dichas pretensiones dado que los hechos por los que acusan a Uribe se cometieron durante 2018, y a su juicio, “en la justicia ordinaria el factor temporal es la que precisa el camino a seguir.
Los hechos se suscriben al año 2018, siguiendo las voces de la Constitución Política, los hechos determinan ese procedimiento y el aplicable es el sistema penal acusatorio”.
Jaimes añadió que es importante “señalar y recalcar que es el tiempo y la oportunidad de la ocurrencia de los hechos lo que determina esta circunstancia. Por garantismo y la verdad que reclaman las víctimas, el sistema penal acusatorio resulta ser el procedimiento más idóneo en este caso”.
La delegada del Ministerio Público junto con el abogado Jaime Granados defensor de Uribe, acogieron los argumentos de la Fiscalía.
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