“Es claro que el actuar delictivo del procesado en coparticipación con otras personas mencionadas, según lo señalado, han afectado de manera intangible intereses de Karen Abudinen al haberse vulnerado su buen nombre y al habérsele cuestionado por su labor como funcionaria pública”, dijo el Juez.
Esta decisión del Juez acoge la solicitud de la defensa Abudinen quien había dicho que por este escándalo la exministra fue tildada de corrupta, sus familiares fueron afectados y convocada a una moción de censura, afectando su honra y buen nombre.
La decisión contradice la tomada el pasado 10 de octubre por la juez 59 penal del circuito de Bogotá, que le negó a Abudinen su solicitud para ser reconocida como víctima en otro proceso también vinculado al caso Centros Poblados.
En ese proceso, la Juez consideró que Abudinen no pudo acreditar que resultó afectada en el escándalo de corrupción.
En la decisión de hoy el Juez también reconoció como víctimas a la Contraloría, el Fondo Nacional de Garantías, el Banco Itaú, El Ministerio de las TIC y la Agencia Jurídica del Estado.
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Jorge Enrique López reconoció en este preacuerdo haber falsificado presuntamente las pólizas con las que Centros Poblados logró el millonario contrato con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic), para llevar internet a colegios apartados del país.
Detrás de todo este entramado, según la Fiscalía, estarían los empresarios Emilio Tapia y Juan José Laverde, quienes están siendo judicializados por estos hechos, porque presuntamente fueron quienes buscaron a López Benavides para que falsificara las pólizas.
Según la Fiscalía, López Benavides intervino de manera ilegal en dos momentos distintos. Inicialmente, habría utilizado papelería de un banco para elaborar un documento denominado garantía de seriedad de la oferta, el cual era requisito indispensable para que Centros Poblados pudiera participar en la licitación pública.
Posteriormente, López Benavides, presuntamente, incluyó información falsa en las tres pólizas que presentó Centros Poblados para amparar el manejo de un anticipo por 70.000 millones de pesos. Estos documentos fueron avalados en MinTic y sirvieron para que los recursos fueran desembolsados.
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