Un grupo de indígenas de las comunidades de Chocó, asentadas en Medellín, principalmente en el sector de Niquitao, decidieron salir este miércoles a protestar en La Alpujarra por lo que consideran un abandono y falta de apoyo institucional, sumado a algunas situaciones puntuales como atropellos en medio de operativos de la Policía en El Poblado.
Todo transcurría en relativa calma hasta que un grupo de personas decidió ingresar al centro administrativo donde causaron destrozos y rompieron vidrios. Los indígenas ingresaron con menores de edad a la Alcaldía y destrozaron puertas, ventanillas y mobiliario.
Al lugar ingresaron más de 100 indígenas y aunque el Esmad hizo presencia, no intervino por el nuevo protocolo que los rige.
Los funcionarios públicos tuvieron que ser desalojados del edificio por los sótanos del mismo para garantizar su seguridad.
El reporte oficial habla de que un número no determinado de indígenas ingresó de manera violenta al Centro Administrativo Distrital, usando elementos contundentes que han causado daños que se están evaluando.
“Se está procediendo con una evacuación preventiva del edificio. En el sitio se pueden observar niños y mujeres en la protesta, al parecer, generada por una exigencia a la administración para permitir el trabajo infantil en las calles de la ciudad. Esto de manera preliminar”, aseguró la Secretaría de Seguridad.
El alcalde Daniel Quintero dijo la protesta se realiza para que las autoridades los dejen “usar sus niños para pedir plata, trabajar, hacer bailes a extranjeros hasta altas horas de la noche. En Medellín esto no está y no estará permitido”.
Sin embargo, la alcaldía que dirige Quintero no ha adelantado ninguna acción efectiva para garantizar los derechos y bienestar de los niños indígenas que padecen todo tipo de vulneraciones en las calles, particularmente en El Poblado.
Hace menos de tres meses el Grupo de Asuntos Étnicos, Migrantes y Refugiados de la Personería verificó el incumplimiento de ciertas medidas y la ausencia generalizada de acciones por parte de la Alcaldía y autoridades competentes para darle solución a esta problemática, que afecta en mayor parte a niños y mujeres.
Una de ellas tiene que ver con el decreto emitido por la Alcaldía de Medellín para evitar la circulación de menores de edad, entre las 7:00 de la noche y 5:00 de la mañana, en algunas zonas de El Poblado. Así lo confirmó El Colombiano en varios recorridos en los que determinó que del total de 600 indígenas que viven en mendicidad en Medellín, cerca de 245 son niños. La calle 10, por ejemplo, luce como una “guardería a cielo abierto”: allí los niños juegan, y aguantan sol y lluvia, mientras piden una moneda sin que las autoridades hagan nada al respecto. Ni la Alcaldía con sus esporádicos y poco efectivos recorridos ni mucho menos el ICBF que brilla por su ausencia.
El personero William Yeffer Vivas aseguró que ya plantearon las exigencias de parte y parte para establecer un diálogo que permita solucionar la situación. Por parte de los indígenas, se comprometieron a concentrarse solamente en el primer piso, pues hay indígenas en la segunda y tercera planta cometiendo desmanes.
La alcaldía se comprometió a entregar refrigerios, tal como los indígenas lo solicitaron. La secretaría de la No Violencia se encargará de esto. En cuanto a la Policía, garantizaron que no emplearán la fuerza, mientras se adelanta una mesa de concertación en la cual estarán como garantes la Unidad de Víctimas y la misma Personería.
Sin embargo, pasado el mediodía se volvieron a agitar los ánimos luego de que varios indígenas, todos ellos hombres, salieran a buscar comida y al querer ingresar nuevamente al centro administrativo el Esmad y la policía les negó el ingreso por lo que empezaron a atacarlos con palos y objetos contundentes mientras intentaban derribar las vallas.
Finalmente, tras la escaramuza, se instaló la mesa de diálogo entre las autoridades y los representantes de los indígenas. Durante la instalación de la misma se solicitó la presencia del ICBF que, extrañamente, no estaba desde el inicio a pesar de la cantidad de menores de edad expuestos a alto riesgo de vulneraciones durante los desmanes.
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