La emergencia está siendo atendida por el cuerpo de Bomberos de Cundinamarca y funcionarios de Ingeominas. Según el reporte preliminar, había más de 30 mineros en los túneles en la mina al momento de la explosión. Ya las autoridades han reportado a 11 mineros muertos, cuyos cuerpos ya fueron rescatados y 10 más siguen atrapados.
"Cuando se presenta la explosión había aproximadamente 30 mineros dentro de las minas, siete de los cuales logran salir por sus propios medios, cuatro que logran ser remitidos a los centros asistenciales", indicó el comandante de Bomberos de Cundinamarca, capitán Álvaro Farfán.
"Durante toda la noche equipos de socorro se han entregado en cuerpo y alma a atender la emergencia en la mina de Sutatausa. Nuestro único objetivo: rescatarlos vivos", dijo en la mañana de este miércoles el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García.
Y dio el último informe de datos actualizados entregados por los organismos de rescate. "Dos personas recuperadas vivas, cuatro cuerpos recuperados fallecidos y 17 personas que aún se encuentran atrapadas en las minas. Todos los equipos de Agencia Nacional de Minería, Cruz Roja, Defensa Civil y Unidad Departamental del Riesgo siguen en la tarea de rescate en el municipio, de la mano de las autoridades de Sutatausa", precisó el gobernador.
A ‘El Gordo’, la Fiscalía imputó los delitos de explotación ilícita de yacimiento minero, contaminación ambiental, concierto para delinquir agravado, daño a los recursos naturales y ecocidio, y cohecho.
Ante un Juez de garantías fue presentado Néstor Mosquera Arboleda, alias El Gordo, quien sería el propietario de, por lo menos, cinco frentes mineros ubicados sobre las fuentes hídricas y áreas forestales en Medio Atrato, las cuales han sido afectadas con el vertimiento de sustancias tóxicas y la utilización de maquinaria amarilla, motores y otros elementos usados para acelerar la extracción de oro.
Al parecer, ‘El Gordo’ habría pagado 8 millones de pesos mensuales, entre agosto de 2022 y febrero de 2023, a un coronel para que, en su condición de comandante del Departamento de Policía de Chocó, le informará sobre las operaciones en contra de sus entables mineros.
Por lo anterior, el oficial irá a la cárcel por los delitos de cohecho propio y explotación ilícita de yacimiento minero.
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De igual forma, se imputaron por estos delitos dos de sus posibles colaboradores, una mujer quien fungía como contadora y responsable de los asuntos administrativos de la estructura de alias El Gordo. También, un hombre, estaría encargado del traslado y comercialización del metal precioso obtenido.
Paralelo a esto, se afectaron con fines de extinción de dominio 52 bienes que estarían al servicio de la organización y las actividades ilícitas de alias El Gordo (35 inmuebles urbanos, 6 vehículos, 3 embarcaciones, 4 sociedades y 4 establecimientos de comercio).
Adicionalmente, se encontraron 39 millones de pesos. Sobre este dinero no hay claridad de su origen, y corresponderían a las ganancias por la comercialización de oro obtenido ilegalmente en Medio Atrato.
Al parecer, estas propiedades las habían puesto a nombre de familiares y conocidos de la red de minería. Se ocuparon en Medellín (Antioquia) y Quibdó (Chocó).
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