Campaña para proteger la biodiversidad en Semana Santa

Campaña para proteger la biodiversidad en Semana Santa

Abr 13, 2019 / 50 seg

Por: Redacción Q'hubo

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La Arquidiócesis de Bogotá, la Corporación Autónoma Regional y de Desarrollo Sostenible (CAR) Cundinamarca, la Policía Nacional, los Terminales de Transportes se unen en esta Semana Mayor a la campaña “En Armonía con la Vida”.

Esta campaña que nació en 2003, es un llamado a la reflexión y concientización frente al tráfico de especies de fauna y flora, que se presenta durante esta época y que con el paso de los años viene generando el deterioro de importantes ecosistemas.

Durante una rueda de prensa en la Terminal de Transporte de Bogotá, se invitó a toda la ciudadanía del país a cuidar los recursos naturales y a denunciar cualquier actividad que atente contra ellos, ya sea el comercio, tráfico y transporte de especies como loros, pericos, tortugas morrocoy, palmas de cera y vino, que se ven amenazadas por prácticas religiosas y culturales durante la Semana Santa.

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Tradicionalmente, factores culturales como la tenencia de especies exóticas como mascotas, la comercialización de estas en plazas de mercado y la utilización de ciertas plantas para la elaboración de ramos que serán usados durante las celebraciones litúrgicas aún perduran en muchos lugares de nuestro país. 

“Cuando un animal es separado de su hábitat, se le causa mucho daño. Las especies sufren en entornos distintos al escenario natural, incluso algunos mueren, mientras que los que son recuperados durante los operativos tardan en readaptarse”, indicó Néstor Guillermo Franco, director general de la CAR Cundinamarca.

“Esperamos que en la Semana Mayor que se aproxima, podamos celebrar con prácticas amigables con el ambiente y vivir en armonía con la vida. Sin embargo, informamos que ya hay sanciones vigentes para las personas que comercialicen y trafiquen con especies silvestres”, agregó.

Cabe recordar que el Código Penal dice que quienes incurran en el delito de tráfico ilegal de fauna silvestre podrían acarrear penas de entre 32 y 90 meses de cárcel, así como multas de hasta 15.000 salarios mínimos legales vigentes.

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