La Oficina de las Naciones Unidas contra la contra la Droga y el Delito (UNODC) realizó una auditoría de seguridad que arrojó un balance bastante negativo sobre la criminalidad y la inseguridad que azota a Cali.
De acuerdo a las conclusiones de la auditoría, en Cali existen aproximadamente 182 estructuras criminales, lo que representaría una banda por cada 10.000 habitantes.
Estos grupos ilegales van desde pandillas hasta organizaciones dedicadas al narcotráfico, la extorsión y el cobro 'gota a gota'.
"En su mayoría, las estructuras identificadas corresponden a agrupaciones juveniles vinculadas –o en riesgo de vinculación– a negocios ilícitos relacionados principalmente con el narcomenudeo y el hurto", explicó la UNODC.
Además, agregó que sí estas organizaciones presentan un mayor nivel de sofisticación, las manifestaciones de violencia son en menor proporción pero los mercados ilícitos son más complejos.
"El entramado de interacciones criminales es extenso y desborda la lógica territorial del municipio", afirmó un representante de la UNODC.
Los barrios más golpeados
El estudio indicó que estas organizaciones criminales se pueden ubicar, pues el 79% de ellas, es decir cerca de 119 pandillas que se dedican al hurto y distribución de drogas, están situadas en Desepaz, La Unión, El Vallado, Alfonso Bonilla Aragón, El Poblado, el Distrito de Aguablanca y Siloé.
En cuanto a los grupos dedicados al sicariato, el cobro 'gota a gota', la extorsión, el tráfico de armas y la resolución de conflictos entre estructuras ilegales, estos se ubican en puntos estratégicos donde hay tráfico de drogas.
Según UNODC esto lo hacen para así tener "control del mercado local de sustancias psicoactivas, pues cumplen la función de distribución y control de ‘líneas’ de expendio en los barrios y conglomerados".
Por otro lado, en Cali también operan dos estructuras cuyo nivel de criminalidad se ha convertido en macro, pues son aquellas que activan rutas para la salida de drogas y grupos delincuenciales organizados.
La realización de la auditoría de seguridad tuvo como objetivo principal el aporte de insumos para desarrollar una política pública de seguridad y convivencia en la capital del Valle.
El secretario de Seguridad y justicia se pronunció
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