Durante la Comisión de Seguimiento Electoral realizada este jueves 10 de julio en el Hotel Tequendama, en Bogotá, el ministro del Interior, Armando Benedetti, defendió las inquietudes del presidente Gustavo Petro sobre la preparación de los próximos comicios presidenciales y cuestionó el cumplimiento de un fallo del Consejo de Estado que ordenó cambios estructurales en el sistema electoral.
Benedetti recordó que la sentencia, emitida hace más de cinco años, exige que el software de escrutinio sea propiedad del Estado y no de terceros. Según el ministro, esta disposición aún no ha sido acatada en su totalidad por las entidades competentes.
“El Consejo de Estado dijo que el software tenía que ser estatal, que la auditoría tenía que ser independiente, que debía haber trazabilidad y acceso en tiempo real al algoritmo”, señaló el ministro durante su intervención.
El pronunciamiento ocurre luego de que el presidente Petro expresara dudas sobre la fiabilidad del sistema electoral de cara a las elecciones de 2026, en especial frente a la capacidad técnica y de auditoría del proceso. Las declaraciones generaron reacciones divididas en distintos sectores, que interpretaron sus palabras como un intento de deslegitimar los futuros resultados.
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Sin embargo, Benedetti defendió la posición del mandatario y aseguró que sus observaciones llevaron a que la Registraduría Nacional presentara soluciones concretas durante la misma sesión. “Fue tan contundente el planteamiento, que hoy el Administrador trajo respuestas”, insistió el jefe de la cartera política.
Además del tema del software, el ministro hizo énfasis en otros puntos clave del fallo judicial, como la necesidad de una auditoría externa independiente, la trazabilidad en cada etapa del escrutinio y el acceso en tiempo real por parte de los partidos al sistema de procesamiento de datos.
“No se trata de un capricho, sino de cumplir lo que ya ordenó una alta corte”, agregó Benedetti, al insistir en que la falta de implementación total del fallo representa un riesgo para la transparencia y legitimidad del sistema electoral.
El jefe de la cartera del Interior también reiteró que es obligación del Estado colombiano asegurar que todos los actores del proceso cuenten con garantías plenas. La confianza ciudadana sostuvo depende de que las reglas sean claras y del cumplimiento de los compromisos institucionales.
Desde el Gobierno se ha insistido en que los cambios exigidos por el fallo deben aplicarse antes de los comicios presidenciales, no solo para evitar controversias futuras, sino para consolidar un sistema que esté a la altura de los estándares internacionales.
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