Video: Así vivimos el paro que destruyó y transformó a Cali

Hoy, cuando se cumple un año del paro nacional, que provocó un estallido social en Cali, reconstruimos los hechos que marcaron un antes y después en la historia de la ciudad.

Hoy, hace un año, Cali inició su tránsito por uno de los periodos más complejos de su historia reciente. El estallido social marcó a toda una ciudad que hoy trata de evaluar lo sucedido y levantarse de las cenizas.

En efecto, el paro nacional fue la explosión que llevó a algunos sectores de la sociedad a manifestar sus inconformidades, terminando en una ruptura de las relaciones entre la institucionalidad y los caleños, y el deterioro absoluto de la infraestructura de la ciudad.

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Cabe recordar que este periodo, que duró casi dos meses, dejó el 90% de las 55 estaciones y seis terminales del MIO, afectadas por actos vandálicos. Además, 19 buses del Sistema fueron incinerados y varias estaciones de combustible y entidades bancarias destruidas.

Un año que, entre las cenizas, la urbe se ha tratado de levantar pero que las marcas quedarán imborrables.

Marcas imborrables

Sin duda, estos hechos dejaron en la ciudad un ambiente hostil y temeroso, por lo que muchos caleños aún evalúan lo sucedido y tratan de entender lo que pasó.

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De acuerdo con Adalberto Sánchez, director del Instituto de Investigación y Desarrollo en Prevención de la Violencia y Promoción de la Convivencia Social, Cisalva, “se puso en evidencia el factor de la exclusión y que tenemos un corredor -entre la Avenida de los Cerros y la Autopista Simón Bolívar- donde se generan dramas marginales e inequidad en cuanto a las necesidad básicas. La idea era que la ciudad reconociera la existencia de ese fenómeno, desde esta perspectiva esto puede ser un logro”.

Según Sánchez, a pesar de este reconocimiento, la respuesta de la ciudad no fue hacia la solución del problema, pues lo que se percibió fue una sensación de inseguridad. La demanda de la ciudadanía fue control y pie de fuerza, pero los expertos argumentan que se trata de un problema económico.

Para el sociólogo Holmein Giraldo, el paro fue “un levantamiento social que es el reflejo del hastío de todo un pueblo con una clase política que está generando reformas neoliberales que van en contravía de la garantía de derechos de la ciudadanía, en salud, educación, pensión y calidad de vida”.

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El profesional también asegura que la situación de Cali es aún más compleja, puesto que esta es una ciudad receptora de desplazados y migrantes, lo que agudiza los índices de pobreza que están en más del 40%.

La ciudad quedó marcada por una polarización que, en opinión de los especialistas, está relacionada con la lucha de clases y, como lo define Adalberto Sánchez, con “una deuda económica de más de 50 años” que se tiene con la zona de ladera y del Distrito de Aguablanca”.

En efecto, el temor que hoy vive la ciudadanía es parte de esa marca y, en palabras de Sánchez, se debe a que no hubo un “evento reparador ni estrategias para la reconciliación y hoy se vive en medio del resentimiento y la exclusión”.

Para la cabildante Ana Erazo, este estallido social contribuyó a la visibilización de estas problemáticas sociales y permitió que estrategias como ‘Todos y Todas a Estudiar’ y el programa de Huertas Urbanas, trataran de empezar a suplir esas necesidades.

Sin embargo, Erazo cree que la relación entre los ciudadanos y la institución del orden se laceró en gran proporción, según ella, por los malos procedimientos durante los controles.

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“El descontento de la ciudadanía se dio por la falta de atención del Gobierno Nacional actual y por el direccionamiento de la mayoría de los recursos a las entidades financieras. Esto produjo que las comunidades estuvieran en contra de algunas instituciones, lo que hizo de las estructuras bancarias un blanco”, agregó Erazo.

Por su parte, Giraldo en su análisis, argumenta que la infraestructura de la ciudad fue blanco de destrucción como parte de un reflejo de ese descontento de la ciudadanía con su situación actual y la no garantía de sus derechos.

La profesional compara estos tres meses de paro con los hechos ocurridos durante ‘El Bogotazo’ en la capital del país, para el año 1948.

Y es que la ciudad apenas está en proceso de recuperar los espacios que fueron vandalizados y, en opinión del concejal Fernando Tamayo, actualmente pareciera que Cali estuviera en una anarquía y que el legado que dejó el vandalismo, los saqueos y los bloqueos fue la pérdida de más de 40 mil empleos, de los cuales solo se han recuperado mil; el 70% de las microempresas y el enfrentamiento de bandas criminales por el control de los territorios.

“La protesta tumbó a un ministro ineficiente, dejó en evidencia la ‘sordera’ del Gobierno Nacional, pero pauperrizó aún más la ciudad”, enfatizó Tamayo.

Rezagos del estallido

El cabildante manifiesta que en Cali no solo se deterioraron los recursos públicos.
“Aquí había toda una infraestructura que tenía que ver con las avícolas, las cuales generaban empleos y mantenían el pollo y los huevos al alcance de la ciudadanía, se destruyó todo ese proceso. La consecuencia de todo esto fue el incremento en el precio de estos productos de la canasta familiar”, explicó.

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Con respecto al MIO, el Concejal asemeja el Sistema a la situación de un enfermo terminal, que con toda la situación ocurrida, entre abril y junio del año pasado, terminó de deteriorarse.

“El MIO era un proyecto que se vislumbraba para movilizar un millón de personas, empezó con 800 mil personas, luego 400 mil y ahora -luego del paro- está moviendo 150 mil”, reveló.

Por su parte, el concejal Juan Martín Bravo cree que la ciudad no se ha recuperado de este episodio y está tan perdido el respeto por la norma, que “la gente hace lo que se le da la gana buscan ejercer el control de la autoridad”.

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“Este evento se improntó como una agresión por parte de quienes se tomaron las vías de hecho, hacia la población incluida en los procesos económicos. Estamos en una división por categorías, el ‘ciudadano de bien’, quien reclama protección; y el caleño excluido”, explicó el Director de Cisalva.

A su turno, Bravo considera que “la gente tiene todo el derecho a protestar, pero esa no es la forma -dañando los bienes públicos ni privados- porque esto terminó afectado a los ciudadanos que hacían uso de esa infraestructura”.

El cabildante concluye que el objetivo actual es recuperar la confianza, invertir en la ciudad, incentivar el empleo en los jóvenes y mejorar el tema educativo”.