La polémica alrededor de Luisa Salgado sigue creciendo tras ser señalada de hacerse pasar por capitán del Ejército Nacional y presuntamente infiltrarse en operaciones de inteligencia que incluían la seguridad del presidente Gustavo Petro.
En entrevista, Salgado calificó el proceso como una “injusticia” y aseguró que durante ocho años trabajó como informante para la Fuerza Pública. Según ella, en ese tiempo suministró información sobre estructuras delictivas como Los Satanás o el Tren de Aragua, con presencia en Bogotá. Afirmó que recibía remuneración económica por esa labor, mientras que en sus tiempos libres trabajaba como conductora de Uber.
La mujer insistió en que buscará limpiar su nombre y dijo contar con pruebas que demostrarían su inocencia. “Lo que están haciendo conmigo es una injusticia”, manifestó. Su esposo, el cabo del Ejército Lewis Cuello, también salió en su defensa. “Tenemos todas las pruebas para desvirtuar todo esto que se ha presentado. No es ninguna infiltrada, como lo han dicho. Todo lo que ella hizo con su trabajo fue ayudar a desvincular diferentes grupos armados”, declaró.
De acuerdo con la investigación, Salgado habría formado parte de un entramado ilegal de infiltración en operaciones militares y de inteligencia en Bogotá y Cundinamarca. Junto a ella fueron capturados el mayor del Ejército Pedronel Jiménez Cárdenas y el sargento segundo Cristian Padilla Villanueva.
Según el ente acusador, entre marzo de 2024 y abril de 2025, el mayor Jiménez, en su calidad de comandante de una unidad del Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas No.5, permitió el ingreso de Salgado a instalaciones militares y su participación en operaciones tácticas y de inteligencia.
Haciéndose pasar por capitán, la mujer habría asumido funciones reservadas para oficiales, asistido a reuniones interinstitucionales y tenido acceso a información de carácter reservado, secreto y ultrasecreto.
Entre los datos que presuntamente obtuvo se encontraban indagaciones judiciales, esquemas de seguridad de altos dignatarios y procedimientos contra organizaciones criminales, incluido el Tren de Aragua. Parte de esta información estaba relacionada con operativos de protección presidencial y la configuración de los anillos de seguridad alrededor de la Casa de Nariño.
Por su parte, el sargento Padilla habría proporcionado detalles sobre los movimientos de la unidad y la logística en el manejo de equipos de comunicación y drones. Esto, de acuerdo con la Fiscalía, permitió que Salgado accediera a material estratégico sin cumplir los protocolos de seguridad.
En consecuencia, documentos oficiales, imágenes aéreas, planes de allanamiento y productos de inteligencia habrían terminado en poder de la mujer, lo que posteriormente se utilizó para solicitar y ejecutar diligencias judiciales. Esta situación habría inducido en error a fiscales y jueces, quienes creyeron que se trataba de información proveniente de fuentes verificadas.
La Fiscalía imputó a Luisa Salgado y a los dos oficiales activos los delitos de concierto para delinquir agravado, simulación de investidura o cargo, revelación de secreto y fraude procesal, en atención a su posible participación en los hechos que hoy son materia de investigación.
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