Foto: X: @VerdadAbierta
La Fiscalía General de la Nación imputó cargos al exgobernador de Santander, Hugo Heliodoro Aguilar Naranjo, por presuntas irregularidades cometidas en la ejecución de un contrato público que tenía como objetivo llevar alegría a miles de niños durante la Navidad de 2007. Según el ente acusador, el exmandatario incurrió en el delito de peculado por apropiación en favor de terceros, así como en contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
El contrato en cuestión, identificado con el número 1724 y firmado el 13 de agosto de 2007, fue pactado por un valor de $650 millones. Su objetivo era la compra de 130.000 juguetes destinados a menores en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, apenas se entregaron 36.000 unidades. El resto de los fondos terminó, presuntamente, en manos indebidas.
Durante la audiencia celebrada ante una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá, Aguilar no aceptó los cargos. La Fiscalía sostuvo que el entonces gobernador omitió sus funciones de control y vigilancia, delegando todo el proceso a la Secretaría de Desarrollo Social, lo cual permitió una serie de irregularidades desde la etapa precontractual.
De acuerdo con la fiscal del caso, no se realizó un estudio técnico adecuado para justificar la compra, ni se definió de forma clara el número de beneficiarios. Tampoco se llevó a cabo una licitación pública. En su lugar, el contrato fue adjudicado de forma directa a una fundación que, según la investigación, no tenía la capacidad operativa para cumplir con lo pactado.
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En enero de 2024, Aguilar compareció ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), donde pidió perdón a las víctimas del paramilitarismo y reconoció su responsabilidad política y moral por haber promovido y aceptado el respaldo de grupos armados ilegales. “Acepto que mis decisiones contribuyeron al sufrimiento de muchas familias”, dijo entonces el exgobernador.
Aguilar fue también una figura emblemática dentro de la Policía Nacional, reconocido por haber comandado el operativo que culminó con la muerte de Pablo Escobar en 1993. No obstante, los múltiples escándalos que lo rodean han empañado su carrera pública.
El proceso penal continúa en desarrollo y será la justicia quien determine el alcance de sus responsabilidades.
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