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Hasta 2.000 venezolanos se encuentran actualmente varados en Tapachula, Chiapas, a la espera de vuelos humanitarios que les permitan regresar a su país. La situación, que lleva meses sin resolverse, ha derivado en protestas y denuncias por parte de organizaciones civiles y activistas de derechos humanos, que advierten sobre el abandono y la precariedad en la que viven estas personas.
“Hay muchas personas esperando vuelos humanitarios”, señala Lizbeth Guerrero, directora de Apoyo a Venezolanos en México. Explica que muchos de los migrantes decidieron retornar a Venezuela tras haber enfrentado múltiples dificultades durante su tránsito hacia Estados Unidos o su estadía en México, pero se encuentran atrapados por la falta de recursos y la lentitud de los trámites.
La Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (COMAR) puede tardar hasta nueve meses en procesar solicitudes de refugio, un plazo insostenible en contextos de vulnerabilidad. Muchos venezolanos han optado por desistir del asilo y regresar a su país, pero las opciones son limitadas.
Josué Gómez, del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, advierte que algunos migrantes están intentando regresar por vía terrestre, lo que implica atravesar nuevamente la peligrosa Selva del Darién. “Hemos identificado familias enteras y menores no acompañados que se están devolviendo a pie. Eso es gravísimo”, asegura.
La situación se agrava por la falta de infraestructura humanitaria en la zona. Muchos viven en campamentos improvisados, sin acceso a agua, comida o servicios básicos. “El gobierno mexicano se había comprometido a habilitar albergues, pero eso nunca se concretó”, indica Guerrero.
Por su parte, la embajada de Venezuela en México reconoce que hay al menos 2.000 personas registradas para los vuelos humanitarios. Sin embargo, no existe claridad sobre cuándo o cómo se llevarán a cabo. Aunque la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que estos vuelos se retomarán “a la brevedad”, no se han dado fechas concretas ni información oficial a los migrantes.
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Tanto Gómez como Guerrero coinciden en que la falta de coordinación regional ha sido un obstáculo crítico. Aunque organismos como la OEA podrían aportar recursos, carecen de autoridad efectiva para coordinar respuestas obligatorias entre países.
Gómez enfatiza que México tiene una responsabilidad legal en la protección de estos migrantes. “La Ley para Refugiados establece que quienes huyen de violaciones masivas de derechos humanos o violencia generalizada deben recibir protección internacional”, sostiene.
Venezuela, por su parte, ha alegado que no tiene fondos para costear el combustible de los aviones que permitan el regreso de sus ciudadanos, y espera que México asuma ese gasto.
Mientras tanto, la incertidumbre y el desgaste físico y emocional se profundizan. “Una funcionaria venezolana me dijo que los retornados no reciben atención porque ‘los que se fueron son traidores’. Tal vez no sea la posición de todo el gobierno, pero refleja un abandono preocupante”, concluye Guerrero.
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