La modelo y empresaria caleña Elizabeth Loaiza enfrenta un proceso legal debido a que la Superintendencia de Industria y Comercio le formuló pliego de cargos por ofrecer en sus redes sociales el ProMed Covid 19 Rapid Test, una prueba de coronavirus que no tenía permiso de las autoridades sanitarias y que, según la entidad, incurría en publicidad engañosa.
Según explicó la Superintendencia en un comunicado emitido en la mañana de este miércoles, la modelo decía que el producto estaba avalado por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, y que solo lo podían adquirir gobernaciones, alcaldías, hospitales y clínicas.
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No obstante, señala el documento, estas condiciones "no se ajustan a la realidad, lo cual podría constituir publicidad engañosa y por tanto una vulneración a lo dispuesto en el Estatuto del Consumidor".
Pero no solo la señalan de vender las pruebas sin permiso, sino de hacer caso omiso a la reclamación de la Superintendencia cuando le pidieron explicaciones sobre las publicaciones hechas en su cuenta de Instagram, @elizabethloaiza, en las que aseguraba que la prueba detectaba rápidamente el virus.
El 15 de abril se requirió a la empresaria con el fin de obtener información sobre el origen del producto y los beneficios atribuidos al mismo, así como de la publicidad utilizada para ofrecerlo. La señora Loaiza desatendió estos requerimientos", señaló el comunicado de la Superintendencia.
Días después de ese llamado, el Invima alertó sobre la prohibición de venta libre de pruebas rápidas y emitió un listado de otras que ofrecían en el mercado sin su autorización. Entre esas se encontraba la que vendía la empresaria caleña, según afirmó la Superintendencia.
"En consecuencia, se solicitó información en relación con la publicación mencionada (al Invima), la cual confirmó a esta Autoridad que el producto mostrado en la publicidad de la cuenta de Instagram no contaba con registro sanitario, ni autorización de importación para su comercialización", agregó el comunicado.
Lo anterior hizo que se iniciara la investigación contra Loaiza que, de confirmarse la violación de las normas de publicidad engañosa y desacato a los requerimientos de la Superintendencia, podría derivar en multas de hasta 2 mil salarios mínimos mensuales (unos 1960 millones de pesos).
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Hasta el momento, Elizabeth no ha hablado al respecto ni se ha pronunciado a través de sus redes sociales por este comunicado. No obstante, el pasado 15 de abril explicó en un En Vivo en Instagram que ella no estaba vendiendo las pruebas, solo "presté mi cuenta para una empresa que estaba autorizada", dijo.
Todo lo que estén vendiendo para combatir esta pandemia lo voy a compartir con muchísimo gusto", afirmó Loaiza.
Asimismo, aseguró que no tiene ninguna relación con la firma que la contactó para hacer la publicación y que, a pesar de ello, se cercioró que cumpliera con todas las normas del Invima para su venta y distribución.
Por tanto, recalcó que seguirá publicando todos los emprendimientos que estén relacionados con la pandemia del coronavirus para ayudar a paliar la crisis sanitaria y, a la vez, la económica.
Al siguiente día, el 16 de abril, Loaiza posteó capturas de un chat con un funcionario del Invima, que según parece, ratifica que la prueba que ofreció a través de su Instagram estaba registrada.
Por último, la caleña afirmó que se sentía "feliz y tranquila" de haber demostrado que "lo que yo publico en mi Instagram es verdadero".
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