Aunque la norma aún no está publicada en su página web, como sí lo están la 002 sobre priorización de casos o la 004 sobre feminicidio, la entidad entregó algunos detalles.
En primer lugar, el ente investigador señala que “tanto la policía judicial como los fiscales deben tener especial consideración y respeto en relación con el secreto profesional de los periodistas”.
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Esto tiene que ver con la confidencialidad de las fuentes. La Fiscalía retoma ese aspecto indicando que “en principio, y como regla general”, está prohibido llamar a un periodista para entrevistas o testimonios “en relación con información suministrada por sus fuentes”.
Sin embargo, a los periodistas se les puede citar como testigos en un proceso penal, “pero con estrictas limitaciones constitucionales”.
Por último, la comunicación menciona que “los fiscales se abstendrán de ordenar cualquier actividad investigativa que ponga el riesgo el secreto periodístico”, incluyendo la inspección en el lugar de trabajo.
Este punto generó críticas en periodistas que pertenecieron a Noticias Uno, como Juliana Ramírez Prado, puesto que el año pasado se ordenó una inspección a ese noticiero que aún no ha sido aclarada.
La directiva llega días después de que la senadora Isabel Zuleta, del Pacto Histórico, insinuó en redes que la revista Semana “debe ser intervenida por la Fiscalía”, luego de que una fuente anónima le diera información al medio sobre supuestos detalles del robo de dinero en la residencia de Laura Sarabia.
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En lo que será esta semana, la Fiscalía escuchará los testimonios de varias personas involucradas en el caso de las ‘chuzadas’ ilegales a la exniñera de Laura Sarabia, exjefa de gabinete de Petro.
A medida que se intensifica la investigación del caso de Laura Sarabia y su exniñera, Marelbys Meza, el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha enfrentado una serie de escándalos que han generado un profundo impacto en la opinión pública, entre esos las ‘chuzadas’ ilegales.
Desde que se revelaron los detalles iniciales de este caso, una serie de problemas ha salido a la luz afectando notablemente la credibilidad de la administración y generando interrogantes sobre la integridad y transparencia de sus funcionarios.
El foco de atención se centra en el presunto sometimiento ilegal de Marelbys Meza a una prueba de polígrafo, debido a la pérdida de una considerable suma de dinero. Y por esa razón, la Fiscalía General de la Nación tomó cartas en el asunto y citó a diferentes personas clave para esclarecer los hechos antes de proceder con la imputación de cargos.
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En la lista de personas citadas por la Fiscalía se encuentran destacados miembros de la estructura de seguridad de la Casa de Nariño.
Estas personas desempeñaron roles clave en la gestión de la seguridad de Laura Sarabia y su entorno. También, se espera que sus testimonios arrojen luz sobre la presunta participación de terceros en el robo y las posibles irregularidades en el proceso de polígrafo.
La figura del coronel Carlos Feria ha cobrado especial relevancia en la investigación. Se le vincula tanto con el robo de dinero como con las interceptaciones telefónicas (‘chuzadas’) realizadas a dos empleadas de Laura Sarabia. Además, se investiga su posible conexión con la misteriosa muerte del coronel Óscar Dávila. El aplazamiento de su comparecencia inicialmente programada para el 15 de junio ha generado aún más especulaciones y expectativas en torno a su testimonio.
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En cuanto al capitán Elkin Augusto Gómez, se espera que brinde detalles sobre el protocolo utilizado en la aplicación de la prueba de polígrafo a Marelbys Meza. Este interrogatorio buscará esclarecer si se siguieron los procedimientos establecidos y si existió alguna irregularidad en el proceso.
Asimismo, el intendente Jhon Alexander Sacristán, quien estuvo a cargo del proceso de poligrafía de Marelbys Meza, será convocado para brindar su testimonio. La Fiscalía pretende obtener información precisa sobre el desarrollo de la prueba y cualquier posible implicación de Sacristán en los hechos investigados.
Mientras tanto, diversas personas involucradas en el caso ya han prestado declaración ante las autoridades. Johnson Pineda, pareja de Marelbys Meza, Óscar Fernando Gutiérrez, fiscal 191 del Chocó, y Jhon Fredy Morales, patrullero encargado de proporcionar los números de teléfono de las empleadas de Sarabia sujetas a interceptación telefónica, son algunos de los que han sido interrogados.
En los próximos días, se espera que Laura Sarabia y Armando Benedetti, exembajador de Colombia, comparezcan ante la Fiscalía para rendir indagatoria. La presencia de Sarabia, exjefa de gabinete del presidente Gustavo Petro, está programada para este jueves, 22 de junio. Su declaración es crucial para esclarecer su participación en el presunto sometimiento ilegal de Marelbys Meza a la prueba de polígrafo.
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Por otro lado, las declaraciones de Benedetti, citado para el viernes, 23 de junio, son esperadas debido a las graves acusaciones vertidas en grabaciones filtradas, donde se insinúa una posible financiación ilícita de la campaña presidencial de Petro.
A medida que se desarrollan las investigaciones y las indagatorias, el Gobierno también ha dado a conocer una lista de posibles candidatos para ocupar el cargo dejado por Laura Sarabia. Entre ellos, Jorge Rojas, embajador en Bruselas; Daniel Rojas, director de la SAE; Augusto Rodríguez, director de la UNP; y Andrés Hernández, cónsul en México, figuran entre los nombres evaluados para asumir esta responsabilidad.
Foto 1: Esteban Vega (Semana) / Foto 2: SEMANA / Foto 3: SEMANA (API) / Foto 4: API
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