La definición del proceso penal por presunto soborno a testigos contra el expresidente Álvaro Uribe solo se dará hasta 2023.
Así lo determinó la Juez 41 Penal del Circuito de Bogotá, Laura Barrera, quien decidió darles tiempo a todas las partes para intervenir.
La decisión se tomó después de que el fiscal delegado ante la Corte de Suprema, Javier Fernando Cárdenas, señalara que se tomaría entre el 21 y el 24 de noviembre próximos para exponer los motivos que lo llevaron a pedir que el proceso precluya.
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Se trata de la segunda ronda de audiencias, con lo cual las víctimas le pidieron más tiempo a la jueza para intervenir y exponer sus propias razones. Ellas y sus abogados están en contra de la petición de la Fiscalía para precluir el proceso.
Por ello, la jueza Barrera advirtió que le permitirá intervenir entre diciembre de este año y enero de 2023. Entre otras intervenciones, se espera la del abogado Miguel Ángel del Río Malo, defensor del testigo Juan Guillermo Monsalve y su expareja Deyanira Gómez, y la del abogado del senador Iván Cepeda.
La decisión final sobre si se precluye o no el proceso se aplazó entonces para 2023. Si la jueza decide que no acepta la preclusión, la Fiscalía tendrá que volver a revisar sus pruebas y sus argumentos e incluso podría optar por acusar al expresidente.
En caso de que la jueza conceda la preclusión del proceso, se prevé que las víctimas apelen la decisión ante el Tribunal Superior de Bogotá, por lo cual aún falta un buen tiempo para que la justa judicial se resuelva.
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