“Nuestro equipo de funcionarios de la Delegada para la Política Criminal y Penitenciaria y de la Regional Valle del Cauca pudo evidenciar que todavía no se han tomado las medidas de prevención de emergencias para enfrentar una situación como la ocurrida en Tuluá”, aseguró el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, tras una visita de seguimiento que realizó la entidad al penal.
Por otro lado, la Defensoría denunció que el hacinamiento en este centro carcelario alcanza el 24% y que los privados de la libertad no cuentan con acceso a condiciones dignas de salud.
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“Los representantes de derechos humanos de los diferentes patios manifestaron preocupaciones por los traslados que estaban pendientes dado un brote de varicela que hubo en el patio 10, y por la terminación del servicio de farmacia al interior del establecimiento a partir del 2 de agosto”, dijo la entidad.
En esta jornada de verificación la Defensoría también denunció que el establecimiento no cuenta con un cronograma de valoración medica intramural para la población privada de la libertad, y no se registra seguimiento oportuno a los tratamientos médicos que requieren, con casos de citas que se demoran hasta tres meses con médicos especialistas.
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