Estos jíbaros hacían parte de las organizaciones delincuenciales ‘Pasarela y Callejón’. Se especializaban en la distribución de dosis de estupefacientes en la modalidad mano a mano, en parques de Alcázares y Floralia.
Estas estructuras operaban en alrededores de 5 instituciones educativas que agrupan a una población estudiantil cercana a los 1200 menores de edad.
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Así mismo, la investigación pudo identificar la concurrida comercialización sobre un callejón que se configura como un paso obligado para el ingreso a los barrios Los alcázares y San Luis.
Esto permitía la distribución de las sustancias. De igual forma, las entradas por estos sitios se encontraban cubiertas por algunos delincuentes. Estos se encargaban de alertar sobre la presencia de autoridades o personas sospechosas.
Algunos jíbaros tenía trabajo como ayudantes de construcción y conductores de vehículos de servicio público, así como un profesor de dibujo técnico. Pero en sus tiempos libres se alternaban con el expendió de alucinógenos.
Según las autoridades, el apoyo de residentes de la zona fue clave para dar con los capturados. Esto, debido que en ocasiones anteriores, familiares de los capturados generan asonadas cuando hay intervenciones policiales.
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Por otra parte se conoció que una de las estructuras se abastecía desde otro sector, el conductor de un vehículo de servicio público transportaba durante 2 días a la semana las sustancias estupefacientes a un centro de acopio para distribuir con mayor frecuencia durante los fines de semana.
Al momento de las ventas se observó que estas estructuras tenían como estrategia, acompañar el consumo de los compradores con el fin de certificar que no se tratara de alguna actividad encubierta de las autoridades y que pudiera desestabilizar el negocio del tráfico de estupefacientes, lo cual permitía incentivar el consumo en el lugar e incrementar las ventas.
De igual forma, utilizaban las fachadas y techos de algunos de los inmuebles del sector para el ocultamiento de sustancias y lograr evadir el control policial aspecto por el cual también se comunicaban a través de lenguaje no verbal.
Las ganancias criminales de esta estructura estarían alrededor de los $180 millones de pesos mensuales, teniendo en cuenta la distribución de más de 96 mil dosis de diferentes tipos de estupefacientes en este mismo periodo.
Las personas judicializadas serán presentadas a las autoridades competentes por los delitos de tráfico de estupefacientes, homicidio, concierto para delinquir y uso de menores para la comisión de delitos.
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